Partido Liberal

JULIO PREVE FOLLE

Lanzado a reacomodar su discurso con el fin de viabilizar una fórmula detrás de Astori, el ex ministro Mujica ha realizado una serie de manifestaciones en su programa de radio a favor de la no intervención en los precios, que llamaron la atención de la prensa de izquierda; concretamente las levantó La República el 21 de abril recogiendo su planteo en contra de los subsidios domésticos: “… Si hay un precio elevado es porque alguien lo paga… no se puede andar toqueteando los precios… es mejor y más transparente asistir directamente a los damnificados… hay que revisar la historia del (Frigorífico) Nacional y los stock reguladores, de los controles del comercio exterior…”. Todo esto parece plausible, aunque opuesto a lo que se practicó durante su gestión en el MGAP con dispar resultado, para intervenir en el mercado de los lácteos, de los granos, del asado, de las frutas y verduras, del pollo, etc. Con todo, el cambio podría ser bienvenido; pero —como digo una cosa digo la otra— completó su análisis diciendo que el problema de los arrendatarios, que no pueden mantenerse en actividad por la suba de las rentas que otros productores rurales pagan, debe solucionarse con una extensión compulsiva y legal de los plazos de los contratos de arrendamiento por un año. Se ve que en este caso no le parece riesgosa la intervención en los mercados, ni considera importantes los efectos de semejante distorsión de las reglas de juego de los contratos privados.

LA TIERRA. Vengo de un tiempo en el que se habló tanto de la tierra, de las estructuras, de la reforma agraria, de su tamaño y tenencia, que confieso que antes que sobre este tema empiece alguien de la orientación del MGAP a hablar, me vienen en tropel al recuerdo, todos los lugares comunes de siempre: tierra para el que la trabaja, que la tierra esté en manos nacionales, no al latifundio, hay que radicar al productor en el campo, hay que gravar la tierra para que produzca más, y un sinnúmero de fruslerías del tipo de las que acabo de mencionar como muestra. Algunas de ellas están vacías de contenido real, otras son un sinsentido económico, y todas han sido avasalladas por una realidad que es la de las producciones intensivas en capital en grandes extensiones, con la propiedad dividida en miles de tenedores de papeles, de aquí o del exterior, sin posibilidad siquiera de conocer el domicilio de esos titulares; o con la tierra valiendo la tercera parte de lo que en ella hay que poner para trabajar. Y todo esto empujando un desarrollo único.

El llamado modelo económico alternativo, que bien puede caracterizarse con la frase del título, logró no obstante prohibir por la ley 18.092 las sociedades anónimas por acciones al portador en el campo. Pero —como digo una cosa digo la otra— abrió la puerta para autorizarlas de a una por resolución presidencial, cosa que se hizo con las grandes forestadoras y ahora, por decreto 201/08 del mes pasado, se abrió aún más la posibilidad a fondos de inversión, algunas sociedades comerciales, administradoras de fondos de ahorro previsional, fondos de pensión de cualquier país, y finalmente, cualquier sociedad anónima cuyo proyecto se considere prioritario para el desarrollo productivo (sic). En otras palabras el decreto, probablemente yendo contra la ley, permite de nuevo todas las sociedades anónimas por acciones al portador aunque sujetas a un trámite: como digo una cosa digo la otra. De cualquier forma hay que dar la bienvenida al cambio, ya quedaba bastante ridículo tener que averiguar si Botnia pertenecía a Cacho Botnia, o si Stora Enso respondía al Tito Stora o al Lucho Enso.

ARRENDAMIENTOS ATACADOS. Esta mezcolanza conceptual que tiene la administración con la propiedad de la tierra, se amenaza ahora con extenderla a los arrendamientos rurales, la forma más extendida hoy de acceso a la tierra y a las múltiples sociedades tan variadas como la vida misma, que gracias a Dios no pueden encuadrarse en formatos rígidos como hasta hace pocos años atrás.

Como se recordará, hasta 1990 la legislación sobre arrendamientos rurales de la ley 14.384 —prima hermana de la 14.219 de arrendamientos urbanos— dejaba fuera de la voluntad de las partes nada menos que el plazo contractual y la renta, supuestamente en beneficio del arrendatario y de su estabilidad en la tierra. Es decir que cualquiera fuera el plazo contractual, el arrendatario podía finalmente quedarse hasta diez años. Y cualquiera fuera la renta pactada, con intervención judicial se la podía modificar.

La realidad golpeó esta locura, y así fue que se destruyó la oferta de tierras para arrendar; nadie en su sano juicio podía ofrecer un campo en arrendamiento si el plazo y la renta podían quedar fuera de su voluntad. Para huir de estas disposiciones, se utilizaban hasta el hartazgo dos figuras que la propia ley declaraba excluidas de ella: el pastoreo de hasta once meses, y los contratos por una sola cosecha. Estos mecanismos de absoluta inestabilidad previstos como excepciones, se convirtieron en norma general. Y el arrendamiento como mecanismo ágil y rico para recoger la voluntad de las partes en variedad de plazos, formas de renta, de ajuste de ésta, asociaciones, etc., estaba muerto y enterrado. Sobre fines de los noventa se aprobó la reforma de esta ley introduciendo la libre contratación hasta donde se pudo, pero en cualquier caso recuperando para los contratantes en ejercicio de su libertad, el derecho de pactar lo que se les diera la gana, arrancando el plazo y la renta del orden público.

Lo que vino después es conocido. Superados los miedos de que alguien se quedara en el campo lo que quisiera, la tierra ofrecida para arrendar reapareció, y desaparecieron también los pininos que había que hacer para disfrazar los arriendos de pastoreos, para que no pasaran los once meses, animándose todo el mundo a hacer contratos por dos años, tres, o lo que sea. Es más; hoy el gran desarrollo agrícola se basa en contratos de cinco cosechas, de tres años, y a nadie llama la atención. Es verdad por cierto que luego de firmado un contrato, andado el tiempo del mismo las condiciones económicas pueden cambiar a favor de arrendador o arrendatario, quienes a lo mejor no pactaron mecanismos de reajuste o aun de revisión. Pero esto en todo caso es un mal que puede aquejar a los contratantes, y que debería ameritar como máximo que cambiaran de abogado en la próxima oportunidad. Nada más.

INACEPTABLE. En cambio lo que definitivamente no puede aceptarse es lo de Mujica. Inclinándose en favor de algún arrendatario que no puede pagar las elevadas rentas que otros colegas sí pueden, y perjudicando al arrendador no sólo en su renta sino en su decisión futura de arrendar, propone prorrogar por ley todos los arrendamientos. Se trata de una barbaridad que arrancaría de la libre elección de los ciudadanos otro ámbito de actuación. Si la ley se entrometiera en el terreno de las partes reservado al contrato, habrá efectos económicos varios. Entre ellos el despojo al arrendador, o la felicidad transitoria del arrendatario. Pero al año siguiente habría mucho menos arrendadores con voluntad de entregar su tierra a otros productores, que le pueden sacar más rendimiento por su bien y el del país. Volver a postulados de una ley del año 1975 que fracasó rotundamente, es retroceder no solo económicamente sino en calidad institucional.

Y la gran oportunidad de negocios que se abre para tantos empresarios arrendadores y arrendatarios quedaría malherida. El avance agrícola, desarrollado sobre rentas de arrendamiento en zonas ganaderas desafiadas a producir mucho más en menos espacio, se habría paralizado. Como se sabe, muchos agricultores grandes en capital y capacidad de gestión avanzan por su bien y el del país pagando rentas elevadas para lo que es el ingreso ganadero, ya que compiten por esas tierras. De esta forma los ganaderos en menos espacio se ven compelidos a producir mucho más, con frecuencia con el aporte de ración de esos agricultores, que pagan su renta con dinero y también con grano barato. Es un proceso estimulante para el país, de transformación radical del paisaje productivo, con aumentos notables de la producción agrícola y de carne vacuna.

A este proceso es al que se le quiere poner un palo en la rueda con el modelo alternativo. Se trata de algo muy grave, mucho más que chichonear con el precio del asado, del trigo o de las verduras; y apunta al corazón del desarrollo agropecuario, bloqueando una forma probadamente eficaz de empezar a acceder a la tierra, así como un mecanismo de asociación preferido en los nuevos escenarios de integración agrícola ganadera.

Abjurar del intervencionismo en el precio de algunos bienes para proponer en el mismo momento hacerlo en los arrendamientos, no puede tomarse como una anécdota simpática más de las recogidas en las declaraciones del tipo de las del título. Es mucho peor y justifica estar atentos; no sólo por un tema económico, sino fundamentalmente para defender al contrato, expresión práctica del ejercicio de la libertad económica.