Partido Liberal

GUILLERMO C. SICARDI

Cuando Galileo Galilei manifestó su adhesión a la teoría de que el Sol es el centro del sistema planetario y la Tierra uno de sus varios planetas que giran a su alrededor, dio lugar a que la Iglesia y su Papa, Urbano VIII, consideraran como herejía sus afirmaciones. La inquisición le inició un proceso ante el Sacro Colegio Cardenalicio donde compareció el sabio para abjurar de su doctrina. Parece que cuando terminó, arrodillado, de leer su retracción, el anciano al levantarse murmuró: “Eppur si muove” (”Y sin embargo se mueve”). La intolerancia de los dogmas, en este caso el dogma de la Iglesia, hizo que la ciencia, el avance tecnológico y las mejoras que traen para el común de los mortales, se demoraran durante siglos. La contundencia de los hechos presentados por Galileo, no quisieron ser vistos por quienes se beneficiaban de un statu quo absurdo, pero que, de admitirlo, podría amenazar su poder.

Esta situación se repite hoy en nuestros días, cuando los países, sus gobernantes y sus ciudadanos, no quieren reconocer la contundencia de los hechos y no se animan a recorrer los caminos que conducen a una mejor calidad de vida, mejores ingresos y mejores empleos.

El jueves 20 de abril de 2007, hace poco más de un año, se inauguró el ciclo “Qué hacen los que hacen”, donde se comparó la situación de Nueva Zelanda con Uruguay dentro del ranking que organiza el Banco Mundial “Doing Business” (Removiendo obstáculos al crecimiento). Éste estudio muestra muy claramente que los países que crecen —y con su crecimiento económico crecen también las oportunidades para sus ciudadanos— son aquellos países que han liberado su economía de trabas y obstáculos a la iniciativa de su gente; que facilitan los trámites para crear una empresa y no frenan la creatividad con burocracia; que protegen los derechos de propiedad física e intelectual; que facilitan el acceso al crédito y se organizan adecuadamente para que el cumplimiento de los contratos y el recupero de los créditos en caso de quiebra, tengan una importante significación y no sea un mero mecanismo para burlar acreedores. Pero además estos países se ocupan de defender al trabajador, no con leyes y reglamentos que lo atan de por vida a un empleo, sino gracias a un mercado de trabajo ágil, donde se puede contratar libremente a los buenos y despedir, sin costos, a los haraganes.

Nuestro país se niega a hacer estos cambios. Y como bien expuso el Dr. David Yuravlivker del Banco Mundial, a Uruguay le llevará 34 años alcanzar los niveles actuales de España, en el supuesto de que Uruguay crezca a una tasa constante del 3% anual y España se quede estancada. Esto explica, en gran parte, la incontenible emigración de nuestros jóvenes hacia la madre patria. Podemos seguir haciendo grandilocuentes declaraciones, invocar vaya a saber que dioses, pero lo cierto es que Estonia y Lituania figuran entre los 20 primeros lugares y nosotros, desde un triste lugar 85, nos abrazamos con Venezuela que está en el 120, uno de los últimos lugares de la lista.

En 1992, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los sufrimientos que ocasionó la iglesia católica a Galileo Galilei: “Una trágica incomprensión mutua” —señaló el Papa, 350 años después del juicio contra Galileo— “que ha sido interpretada como el reflejo de una oposición radical entre ciencia y fe“, dijo entonces. Espero que los uruguayos no demoremos otros 350 años para hacer los cambios que tenemos que hacer. Esto no es un problema de religión, de política, de ideologías, ni de fe.

La realidad es como es. “Eppur si muove“.

JULIO PREVE FOLLE

Se viene un durísimo invierno, y como es natural el gobierno se preocupa por el incremento de precios en esta estación, hoy como ayer, como anteayer. De entre las medidas que se han divulgado como posibles, el Ministerio de Economía sugirió al de Ganadería dejar sin efecto las trabas sanitarias que impiden la importación de pollo así como de frutas y verduras. Se trata de un reconocimiento público de la violación que, sobre todo desde la administración anterior, se viene practicando sistemáticamente a la normativa internacional en materia sanitaria; la misma cuyo respeto defendemos y tanto necesitamos para colocar nuestros productos.

LAS NORMAS. Hay algunos principios generales que me propongo repasar a partir de lo que se recoge en el acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo SPS en la jerga ginebrina) aprobado cuando la culminación de la Ronda Uruguay del GATT, que dio nacimiento a la OMC (Organización Mundial del Comercio). En el conjunto de acuerdos sobre comercio de bienes, es éste tal vez uno de los más conocidos. Como principio básico establece la soberanía de los países para establecer sus propios estándares de protección para el cuidado de la salud humana, animal o vegetal. Ello no obstante, establece que las regulaciones deben contener un fundamento científico y no pueden discriminar entre países. Por otra parte, deben apoyarse en lo posible en recomendaciones internacionales divulgadas por organismos competentes, como es el caso por ejemplo de la OIE para la sanidad animal, o del Codex Alimentarius de FAO para los residuos en alimentos. Las disposiciones de protección sanitaria o fitosanitaria deben asimismo apoyarse en análisis de riesgo, no debiendo aplicarse las restricciones en un sentido de riesgo cero, equivalente a no comerciar. Hay disciplinas en el Acuerdo sobre el modo de realizar estos análisis de riesgo, de modo que los gobiernos no los eternicen con fines proteccionistas; y en cuanto a las medidas de preservación del estatus sanitario, de existir varias alternativas, se establece que deben seleccionarse las menos lesivas para el comercio. Asimismo, el acuerdo reitera reglas de transparencia y por supuesto de trato nacional, es decir de igual trato para mercaderías importadas y nacionales a la hora de establecer reglamentaciones.

Es cierto que muchos países practican diversas travesuras metodológicas para disfrazar restricciones sanitarias al comercio. Pero no es menos cierto que para un país exportador, la realización de este tipo de engañifas supone regar el árbol del que nos pueden ahorcar. En este sentido, estoy convencido que parar las importaciones de pollo de Brasil ha estado en la base de restricciones que nos han aplicado en arroz o lácteos. Es más; participé en reuniones internacionales donde esto se expuso así con todas las letras.

VIOLACIONES. Por estas razones desde siempre me he opuesto al abuso sanitario. Pero no solamente por lo que significa a mediano plazo agraviar el sistema de reglas, violando asimismo la legislación nacional. También por el tipo de beneficiarios de estas medidas. No se trata en la mayoría de los casos de productores vulnerables, al menos no exclusivamente. En el caso de los pollos se trata de una reserva de mercado también para algunas industrias que han disfrutado de un sobreprecio respecto del regional, evitándonos a los consumidores acceder a la producción más competitiva del mundo, que se coloca en todo el planeta, la brasileña. Y en el caso de las frutas y verduras el abuso ha sido grotesco, ya que la administración de las importaciones se ha realizado a través de la expedición del certificado sanitario conocido como Afidi (Acreditación Fitosanitaria de Importación) el cual se ha entregado nada menos que consultando con los competidores nacionales de quienes tienen la osadía de querer importar. Esto nos ha aislado del comercio regional, pero lo que es peor ha contribuido a recrear la opinión en productores y técnicos en el sentido de que se puede prosperar produciendo para el mercado doméstico, y que esta política puede implantarse a través de cualquier abuso jurídico, apelando a restricciones indefendibles.

La propuesta del MEF supone pues ante todo el reconocimiento público y oficial de este tipo de abusos, que deben dejarse de lado no solo en razón del invierno sino en homenaje al estado de derecho. Ya he afirmado otras veces que me importa menos el proteccionismo declarado que practicarlo a escondidas y con agravio al ordenamiento jurídico y a los compromisos internacionales, que pedimos otros honren. Bienvenido sea pues este reconocimiento, no solo por el eventual beneficio invernal en algunos precios. Sea destacado más bien como un avance en transparencia, laudando definitivamente sobre la validez técnico sanitaria que alguna vez se defendió para estas trabas.

UTILIDAD BAJA. De cualquier forma es difícil que sobre el propio invierno estas medidas tengan gran efecto, menos aún si se advierte su transitoriedad, y no se perciben como el resultado de un cambio cualitativo favorable. En efecto, nadie puede armar un negocio de importación sobre la base de reglas cuya precariedad pudiera advertirse fácilmente. Y si no se habilita la posibilidad de este negocio de modo que muchos puedan competir en él, el riesgo es que algún vivo o algún hábil negociador de Afidis, los obtenga en exclusividad, capturando totalmente una diferencia de precios entre el de importación y el doméstico. Por otra parte, de no existir la posibilidad de importación siempre abierta, desaparecería el desafío a la competitividad doméstica, que es a largo plazo el único camino sustentable de beneficio del consumidor. No obstante, si se trata del comienzo de una nueva forma de encarar las importaciones de pollo, frutas y verduras, bienvenida sea. Si fuera en cambio algo estacional, en el fondo nada estaría cambiando.

APOCALIPSIS. Cuando se prepara una situación difícil como la de este invierno, suele recordarse la figura de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que prefiguran el fin del mundo, y que propongo como un juego literario para terminar el artículo, subrayando desde ya como es obvio, que muchos de los males que traen no son responsabilidad del gobierno.

El jinete sobre el caballo blanco lo imagino trayendo junto al frío invernal, toda su carga de precios en alza en alimentos, energía eléctrica, combustibles, tarifas, tipo de cambio, sequía. El jinete sobre el caballo rojo me sugiere los males provenientes de la maleta ideológica del gobierno, en particular el cuajado de su inicua reforma tributaria, y de la promesa de mayor gasto público; destacando dentro de éste los fondos para la educación sin contrapartidas de compromiso de un aumento de su calidad, básicamente en salarios. Sobre el caballo negro imagino discusiones invernales en torno a una reforma constitucional, al derecho de propiedad en las ocupaciones, a la independencia de la justicia o a la calidad de las instituciones.

Y finalmente no imagino nada respecto del jinete en el cuarto caballo escuálido y viejo, porque sería exagerar mucho; quien pueda entender que entienda…

JULIO PREVE FOLLE

Lanzado a reacomodar su discurso con el fin de viabilizar una fórmula detrás de Astori, el ex ministro Mujica ha realizado una serie de manifestaciones en su programa de radio a favor de la no intervención en los precios, que llamaron la atención de la prensa de izquierda; concretamente las levantó La República el 21 de abril recogiendo su planteo en contra de los subsidios domésticos: “… Si hay un precio elevado es porque alguien lo paga… no se puede andar toqueteando los precios… es mejor y más transparente asistir directamente a los damnificados… hay que revisar la historia del (Frigorífico) Nacional y los stock reguladores, de los controles del comercio exterior…”. Todo esto parece plausible, aunque opuesto a lo que se practicó durante su gestión en el MGAP con dispar resultado, para intervenir en el mercado de los lácteos, de los granos, del asado, de las frutas y verduras, del pollo, etc. Con todo, el cambio podría ser bienvenido; pero —como digo una cosa digo la otra— completó su análisis diciendo que el problema de los arrendatarios, que no pueden mantenerse en actividad por la suba de las rentas que otros productores rurales pagan, debe solucionarse con una extensión compulsiva y legal de los plazos de los contratos de arrendamiento por un año. Se ve que en este caso no le parece riesgosa la intervención en los mercados, ni considera importantes los efectos de semejante distorsión de las reglas de juego de los contratos privados.

LA TIERRA. Vengo de un tiempo en el que se habló tanto de la tierra, de las estructuras, de la reforma agraria, de su tamaño y tenencia, que confieso que antes que sobre este tema empiece alguien de la orientación del MGAP a hablar, me vienen en tropel al recuerdo, todos los lugares comunes de siempre: tierra para el que la trabaja, que la tierra esté en manos nacionales, no al latifundio, hay que radicar al productor en el campo, hay que gravar la tierra para que produzca más, y un sinnúmero de fruslerías del tipo de las que acabo de mencionar como muestra. Algunas de ellas están vacías de contenido real, otras son un sinsentido económico, y todas han sido avasalladas por una realidad que es la de las producciones intensivas en capital en grandes extensiones, con la propiedad dividida en miles de tenedores de papeles, de aquí o del exterior, sin posibilidad siquiera de conocer el domicilio de esos titulares; o con la tierra valiendo la tercera parte de lo que en ella hay que poner para trabajar. Y todo esto empujando un desarrollo único.

El llamado modelo económico alternativo, que bien puede caracterizarse con la frase del título, logró no obstante prohibir por la ley 18.092 las sociedades anónimas por acciones al portador en el campo. Pero —como digo una cosa digo la otra— abrió la puerta para autorizarlas de a una por resolución presidencial, cosa que se hizo con las grandes forestadoras y ahora, por decreto 201/08 del mes pasado, se abrió aún más la posibilidad a fondos de inversión, algunas sociedades comerciales, administradoras de fondos de ahorro previsional, fondos de pensión de cualquier país, y finalmente, cualquier sociedad anónima cuyo proyecto se considere prioritario para el desarrollo productivo (sic). En otras palabras el decreto, probablemente yendo contra la ley, permite de nuevo todas las sociedades anónimas por acciones al portador aunque sujetas a un trámite: como digo una cosa digo la otra. De cualquier forma hay que dar la bienvenida al cambio, ya quedaba bastante ridículo tener que averiguar si Botnia pertenecía a Cacho Botnia, o si Stora Enso respondía al Tito Stora o al Lucho Enso.

ARRENDAMIENTOS ATACADOS. Esta mezcolanza conceptual que tiene la administración con la propiedad de la tierra, se amenaza ahora con extenderla a los arrendamientos rurales, la forma más extendida hoy de acceso a la tierra y a las múltiples sociedades tan variadas como la vida misma, que gracias a Dios no pueden encuadrarse en formatos rígidos como hasta hace pocos años atrás.

Como se recordará, hasta 1990 la legislación sobre arrendamientos rurales de la ley 14.384 —prima hermana de la 14.219 de arrendamientos urbanos— dejaba fuera de la voluntad de las partes nada menos que el plazo contractual y la renta, supuestamente en beneficio del arrendatario y de su estabilidad en la tierra. Es decir que cualquiera fuera el plazo contractual, el arrendatario podía finalmente quedarse hasta diez años. Y cualquiera fuera la renta pactada, con intervención judicial se la podía modificar.

La realidad golpeó esta locura, y así fue que se destruyó la oferta de tierras para arrendar; nadie en su sano juicio podía ofrecer un campo en arrendamiento si el plazo y la renta podían quedar fuera de su voluntad. Para huir de estas disposiciones, se utilizaban hasta el hartazgo dos figuras que la propia ley declaraba excluidas de ella: el pastoreo de hasta once meses, y los contratos por una sola cosecha. Estos mecanismos de absoluta inestabilidad previstos como excepciones, se convirtieron en norma general. Y el arrendamiento como mecanismo ágil y rico para recoger la voluntad de las partes en variedad de plazos, formas de renta, de ajuste de ésta, asociaciones, etc., estaba muerto y enterrado. Sobre fines de los noventa se aprobó la reforma de esta ley introduciendo la libre contratación hasta donde se pudo, pero en cualquier caso recuperando para los contratantes en ejercicio de su libertad, el derecho de pactar lo que se les diera la gana, arrancando el plazo y la renta del orden público.

Lo que vino después es conocido. Superados los miedos de que alguien se quedara en el campo lo que quisiera, la tierra ofrecida para arrendar reapareció, y desaparecieron también los pininos que había que hacer para disfrazar los arriendos de pastoreos, para que no pasaran los once meses, animándose todo el mundo a hacer contratos por dos años, tres, o lo que sea. Es más; hoy el gran desarrollo agrícola se basa en contratos de cinco cosechas, de tres años, y a nadie llama la atención. Es verdad por cierto que luego de firmado un contrato, andado el tiempo del mismo las condiciones económicas pueden cambiar a favor de arrendador o arrendatario, quienes a lo mejor no pactaron mecanismos de reajuste o aun de revisión. Pero esto en todo caso es un mal que puede aquejar a los contratantes, y que debería ameritar como máximo que cambiaran de abogado en la próxima oportunidad. Nada más.

INACEPTABLE. En cambio lo que definitivamente no puede aceptarse es lo de Mujica. Inclinándose en favor de algún arrendatario que no puede pagar las elevadas rentas que otros colegas sí pueden, y perjudicando al arrendador no sólo en su renta sino en su decisión futura de arrendar, propone prorrogar por ley todos los arrendamientos. Se trata de una barbaridad que arrancaría de la libre elección de los ciudadanos otro ámbito de actuación. Si la ley se entrometiera en el terreno de las partes reservado al contrato, habrá efectos económicos varios. Entre ellos el despojo al arrendador, o la felicidad transitoria del arrendatario. Pero al año siguiente habría mucho menos arrendadores con voluntad de entregar su tierra a otros productores, que le pueden sacar más rendimiento por su bien y el del país. Volver a postulados de una ley del año 1975 que fracasó rotundamente, es retroceder no solo económicamente sino en calidad institucional.

Y la gran oportunidad de negocios que se abre para tantos empresarios arrendadores y arrendatarios quedaría malherida. El avance agrícola, desarrollado sobre rentas de arrendamiento en zonas ganaderas desafiadas a producir mucho más en menos espacio, se habría paralizado. Como se sabe, muchos agricultores grandes en capital y capacidad de gestión avanzan por su bien y el del país pagando rentas elevadas para lo que es el ingreso ganadero, ya que compiten por esas tierras. De esta forma los ganaderos en menos espacio se ven compelidos a producir mucho más, con frecuencia con el aporte de ración de esos agricultores, que pagan su renta con dinero y también con grano barato. Es un proceso estimulante para el país, de transformación radical del paisaje productivo, con aumentos notables de la producción agrícola y de carne vacuna.

A este proceso es al que se le quiere poner un palo en la rueda con el modelo alternativo. Se trata de algo muy grave, mucho más que chichonear con el precio del asado, del trigo o de las verduras; y apunta al corazón del desarrollo agropecuario, bloqueando una forma probadamente eficaz de empezar a acceder a la tierra, así como un mecanismo de asociación preferido en los nuevos escenarios de integración agrícola ganadera.

Abjurar del intervencionismo en el precio de algunos bienes para proponer en el mismo momento hacerlo en los arrendamientos, no puede tomarse como una anécdota simpática más de las recogidas en las declaraciones del tipo de las del título. Es mucho peor y justifica estar atentos; no sólo por un tema económico, sino fundamentalmente para defender al contrato, expresión práctica del ejercicio de la libertad económica.