Partido Liberal

José Joaquín Fernández*

¿Son la libertad y la democracia sinónimos o antónimos? ¿O son más bien como conceptos independientes que pueden ir de la mano como amigos pero que otras veces son enemigos a muerte? La respuesta a estas interrogantes depende de la claridad de los conceptos que tengamos sobre libertad y democracia.

El primer punto es que la libertad del ser humano es un derecho natural. “Todo ser humano nace libre…” dice el primer artículo de la declaración universal de los derechos humanos. Es decir, la libertad es anterior a la creación de cualquier Estado y el ser humano es libre por naturaleza y no por decisión o voluntad del gobierno, del legislador o de las mayorías. La mejor prueba de que el ser humano es libre es que, si no lo fuera, entonces sería esclavo —de alguien. En términos materiales, ser esclavo significa que la persona no pude disponer libremente de su propiedad libremente adquirida y por tanto el respeto a la propiedad privada y al ingreso honestamente adquirido son expresión de la libertad. Libertad y propiedad privada son distintas caras de la misma moneda. Por eso es que Marx en el Manifiesto Comunista expresa como objetivo último comunista la abolición de la propiedad privada, es decir, de la libertad.

Por otra parte, democracia significa el gobierno de las mayorías, la voluntad de las mayorías. Esto nace como reacción a las monarquías absolutas en donde el gobierno, y por ende la ley, era la voluntad del soberano. Como dijo Luis XIV: “El Estado soy yo”. Sin embargo, la democracia, —el gobierno de la voluntad de las mayorías— implica por definición que ni la libertad individual, ni la propiedad privada, ni la libertad económica son valores o derechos naturales. En este sentido los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales, Adolfo Hitler, Daniel Ortega, Rafael Correa no son violadores de la democracia sino productos naturales de ella. Ninguno ha entrado por la cocina sino por la puerta grande. El socialismo en la democracia no es usurpación de la libertad individual porque el gobierno de las mayorías no presupone necesariamente la defensa de la libertad individual.

Un corolario de la libertad individual es la libertad económica. Quien es dueño de su ingreso y propiedad honestamente adquirida es libre para comerciar, comprar, vender, alquilar, empeñar, asegurar, prestar, producir, importar, exportar, intercambiar, regalar, recibir, heredar sin restricción de ningún tipo (incluyendo permisos, cuotas, licencias o patentes) con cualquier otro ser humano sin importar nacionalidad o credo religioso. Creer en la libertad individual es demandar el derecho a la libertad económica y al libre comercio por razones morales y éticas.

Por otra parte, quien no cree en la libertad individual sino en la voluntad de las mayorías o en la democracia, somete el libre comercio a referendos o la voluntad del legislador que representa a las mayorías. Quien cree en la democracia, no debe ver objeción a los obstáculos al libre comercio creados por ley bajo la institucionalidad democrática. Creer en la democracia es creer en el derecho a oprimir a otro. Por el contrario, quien defiende la idea de que todo ser humano nace libre no cree ni en fronteras ni en aduanas.

Ya en 1960 en su libro “Constitution of Liberty” escrito por Hayek, quien fuera galardonado con el premio Nobel en Economía en 1974 escribió como la democracia ha fracasado en preservar la libertad individual. Si democracia es el derecho de las mayorías contra la libertad individual, entonces libertad y democracia son valores distintos que se contraponen. Pero no solo Hayek sino autores como Ortega y Gasset en su libro “España Invertebraba” (1921) y Peter Drucker en “The End of Economic Man: The origins of totalitarism” (1939) nos hablan desde mucho tiempo atrás sobre esta contradicción entre libertad y voluntad de las mayorías (democracia).

El ser humano debe defender la libertad individual y no tanto la democracia. En este punto debe quedar claro que hablar de democracia liberal es un absurdo. Tampoco tiene sentido discutir si lo mejor es una democracia presidencialista o una parlamentaria, ni discutir sobre los pesos o contrapesos ni la división de poderes en la democracia porque como dice Murray Rothbard en “For a New Liberty” (1976), es el mismo gobierno decidiendo sobre sí mismo. Lo importante es defender la libertad individual frente al gobierno, a los empresarios y los sindicalistas. La democracia no es un valor, la libertad sí lo es. Como decía Lord Acton: “La libertad no es un medio para un fin político superior. Es en sí mismo el fin político máximo”.

* José Joaquín Fernández es parte del programa doctoral en Economía de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, posee un Master en Economía Empresarial por la misma universidad y completó el “International Program in Finance and Managerial Economics” en Boston University. Consultor internacional, fue funcionario del Banco Central de Costa Rica, fundador y gerente de varias empresas, miembro del Consejo Permanente de la ANFE y Secretario General adjunto del Comité Ejecutivo del Partido Movimiento Libertario. Actualmente es Presidente del Instituto Libertad y miembro de la Internacional Society for Individual Liberty, entre otras organizaciones. Ha escrito numerosos ensayos en la prensa nacional de Costa Rica sobre temas económicos y políticos y es autor del libro: “Causa de la inflación, cierre del Banco Central y dolarización en Costa Rica”.

GERARDO SOTELO

La marcha mundial por la liberalización de la marihuana también recaló en nuestras costas. Otra vez en el Molino de Pérez, unos tres mil jóvenes reclamaron su derecho a consumir y plantar la hierba sin riesgo de terminar en un calabozo o en la cárcel.

La discusión en torno a la prohibición de ciertas sustancias psicoactivas es tan neurótica y prejuiciada que dificulta cualquier consideración medianamente sensata del asunto. El discurso público reproduce tales extravagancias. Así, se la denomina “las drogas” (como si no hubiera otras, tanto o más perniciosas, de curso legal), “el problema de las drogas” (como si sólo fuera posible un consumo problemático), “los jóvenes y las drogas” (como si fuera un asunto ajeno a los hábitos de los adultos) y antes de que se pueda esgrimir cualquier matiz, aparece el fantasma de la adicción y el narcotráfico.

Los procedimientos argumentales son groseros pero efectivos. De momento, han logrado marginar las voces de quienes creen que el camino de la legalización opera a favor de la responsabilidad individual, la libertad y la verdadera profilaxis. Además, lo han hecho sin esgrimir una sola razón que permita saber a ciencia cierta por qué un vendedor de drogas se llama bolichero y otro narcotraficante. ¿Es por sus efectos sobre la conducta del consumidor? ¿Por su grado de adictividad? El discurso convencional logró invertir la carga de la prueba: en lugar de ser los prohibicionistas los que deban explicar las razones de tan arbitraria e ineficiente censura, son sus víctimas las que tienen que justificar por qué están reclamando respeto por sus derechos.

La respuesta recuerda lo que decían los militares y sus acólitos durante la dictadura: “¿para qué quieren democracia? ¿Para que vuelvan los atentados y las huelgas?” Así las cosas, ¿para qué habríamos de querer “más drogas”? ¿Para que haya más delincuencia y adicciones? La idea de que la mayor libertad es el germen del relajo y la anarquía, no pasa de ser un prejuicio probadamente falso. Lo que destruye la vida familiar y comunitaria así como las instituciones democráticas, no es la disponibilidad de ciertas sustancias sino las leyes absurdas, los burócratas bienmandados, la doble moral, los gobernantes y policías corrompidos por los narcodólares y las mafias creadas por la ilegalización.

Ahora que rememoramos los cuarenta años del mayo francés y la revuelta generalizada del 68, deberíamos pensar dónde se encarnan en nuestros días los valores decrépitos que aquellos jóvenes ayudaron a sepultar. Esa moralina que censura por peligrosa toda alteridad y toda ausencia de la realidad, esa versión momificada del ser humano según la cual la única dimensión de la existencia es nuestro ser colectivo y civilizado, alejado de su dimensión lúdica, cósmica y animal.

La mejor manera de reflexionar sobre los riesgos del consumo abusivo no es bajo la coacción represiva sino bajo el estímulo de la libertad y la responsabilidad individual. Después de todo, es una práctica que acompaña a los humanos desde los albores de la civilización y lo seguirá haciendo, dentro o fuera de la ley.

MARIO VARGAS LLOSA*

Si tuviera que nombrar los tres pensadores modernos a los que debo más, no vacilaría un segundo: Popper, Hayek e Isaías Berlin. A los tres comencé a leerlos, hace 20 años, cuando salía de las ilusiones y sofismas del socialismo y buscaba, entre las filosofías de la libertad, las que habían desmenuzado mejor las falacias constructivistas (fórmula de Hayek) y las que proponían ideas más radicales para lograr, en democracia, aquello que el colectivismo y el estatismo habían prometido sin conseguirlo nunca: un sistema capaz de congeniar esos valores contradictorios que son la igualdad y la libertad, la justicia y la prosperidad. Entre esos pensadores, ninguno fue tan lejos ni tan a fondo como Frederich von Hayek, el viejo maestro nacido en Viena, nacionalizado británico, profesor en la London School of Economics, en Chicago y en Friburgo —en verdad, ciudadano universal—, que acaba de morir, en sus luminosos 92 años, y a quien el destino deparó acaso la mayor recompensa a que puede aspirar un intelectual: ver cómo la historia contemporánea confirmaba buena parte de sus teorías y hacía añicos las de sus adversarios.

De estas tesis, la más conocida, y hoy tan comprobada que ha pasado a ser poco menos que una banalidad, es la que expuso en su pequeño panfleto de 1944, The road to serfdom (Camino hacia la servidumbre): que la planificación centralizada de la economía mina de manera inevitable los cimientos de la democracia y hace del fascismo y del comunismo dos expresiones de un mismo fenómeno, el totalitarismo, cuyos virus contaminan a todo régimen, aun el de apariencia más libre, que pretenda controlar el funcionamiento del mercado.

La famosa polémica de Hayek con Keynes no fue nunca tal cosa, sino el alegato solitario, y transitoriamente inútil, de un hombre con convicciones contra la cultura de su época. Las teorías intervencionistas del brillante Keynes, según el cual el Estado podía y debía regular el crecimiento económico, supliendo las carencias y corrigiendo los excesos del laissez-faire, eran ya un axioma incontrovertible de socialistas, socialdemócratas, conservadores y aun supuestos liberales del viejo y nuevo mundo, cuando Hayek lanzó aquel formidable llamado de atención al gran público, que resumía lo que venía sosteniendo en sus trabajos académicos y técnicos desde que, en los años treinta, junto a Ludwig von Mises, inició la reivindicación y actualización del liberalismo clásico de Adam Smith. Aunque The road to serfdom alcanzó cierto éxito, sus ideas sólo tuvieron eco en grupos marginales del mundo académico y político, y, por ejemplo, el país en el que fue escrito el libro, Gran Bretaña, inició en esos años su marcha hacia el populismo laborista y el Estado-benefactor, es decir, hacia la inflación y la decadencia que sólo vendría a interrumpir el formidable (pero, por desgracia trunco) sobresalto libertario de Margaret Thatcher. Como Von Mises, como Popper, Hayek no puede ser encasillado dentro de una especialidad, en su caso la economía, porque sus ideas son tan renovadoras en el campo económico como en los de la filosofía, el derecho, la sociología, la política, la historia y la ética. En todos ellos hizo gala de una originalidad y un radicalismo que no tiene parangón dentro de los pensadores modernos. Y, siempre, manteniendo el semblante de un escrupuloso respeto de la tradición clásica liberal y de las formas rigurosas de la investigación académica. Pero sus trabajos están impregnados de fiebre polémica, irreverencia contra lo establecido, creatividad intelectual y, a menudo, de propuestas explosivas, como la de privatizar y librar al mercado la fabricación del dinero de las naciones.

Su obra magna es, tal vez, Constitution of liberty (La constitución de la libertad), de 1960, a la que vendrían a enriquecer los tres densos volúmenes de Derecho, Legislación y Libertad en la década de los setenta. En estos libros está explicado, con una lucidez conceptual que se apoya en un enciclopédico conocimiento de la práctica, de lo vivido en el curso de la civilización, lo que es el mercado, ese sistema casi infinito de relación entre los seres que conforman una sociedad, y de las sociedades entre sí, para comunicarse recíprocamente sus necesidades y aspiraciones, para satisfacerlas y materializarlas, para organizar la producción y los recursos en función de aquéllas, y los inmensos beneficios en todos los órdenes que trajo al ser humano aquel sistema que nadie inventó, que fue naciendo y perfeccionándose a resultas del azar y, sobre todo, de la irrupción de ese accidente en la historia humana que es la libertad.

Sólo para los ignorantes y para sus enemigos, empeñados en caricaturizar la verdad a fin de mejor refutarla, es el mercado un sistema de libres intercambios. La obra entera de Hayek es un prodigioso esfuerzo científico e intelectual para demostrar que la libertad de comerciar y de producir no sirve de nada —como lo están comprobando esos recién venidos a la filosofía de Hayek que son los países ex socialistas de Europa central y de la ex Unión Soviética y las repúblicas mercantilistas de América Latina— sin un orden legal estricto que garantice la propiedad privada, el respeto de los contratos y un poder judicial honesto, capaz y totalmente independiente del poder político. Sin estos requisitos básicos, la economía de mercado es una pura farsa, es decir, una retórica tras de la cual continúan las exacciones y corruptelas de una minoría privilegiada a expensas de la mayoría de la sociedad.

Quienes, por ingenuidad o mala fe, esgrimen hoy las dificultades que atraviesan Rusia, Venezuela y otros países que inician (y, a menudo, mal) el tránsito hacia el mercado, como prueba del fracaso del liberalismo, deberían leer a Hayek. Así sabrían que el liberalismo no consiste en soltar los precios y abrir las fronteras a la competencia internacional, sino en la reforma integral de un país, en su privatización y descentralización a todos los niveles y en la transferencia a la sociedad civil, a la iniciativa de los individuos, soberanos de todas las decisiones económicas. Y en la existencia de un consenso respecto a unas reglas de juego que privilegien siempre al consumidor sobre el productor, al productor sobre el burócrata, al individuo frente al Estado y al hombre vivo y concreto de aquí y de ahora sobre esta abstracción: la humanidad futura. El gran enemigo de la libertad es el constructivismo, aquella fatídica pretensión (así se titula el último libro de Hayek, Fatal conceit, de 1989) de querer organizar, desde un centro cualquiera de poder, la vida de la comunidad, sustituyendo las formas espontáneas, las instituciones surgidas sin premeditación ni control, por estructuras artificiales y encaminadas a objetivos como racionalizar la producción, redistribuir la riqueza, imponer el igualitarismo o uniformar al todo social en una ideología, cultura o religión. La crítica feroz de Hayek al constructivismo no se detiene en el colectivismo de los marxistas ni en el Estado-benefactor de socialistas y socialdemócratas, ni en lo que el socialcristianismo llama el principio de la supletoridad, ni en esa forma degenerada del capitalismo que es el mercantilismo, es decir, las alianzas mafiosas del poder político y empresarios influyentes para, prostituyendo el mercado, repartirse dádivas, monopolios y prebendas.

No se detiene en nada, en verdad. Ni siquiera en el sistema del que ha sido, acaso, el más pugnaz valedor de nuestro tiempo: la democracia. A la que, en sus últimos años, el indomable Hayek se dedicó a autopsiar de manera muy crítica, describiendo sus deficiencias y deformaciones, una de las cuales es el mercantilismo y, otra, la dictadura de las mayorías sobre las minorías, tema que lo hizo proclamar que temía por el futuro de la libertad en el mundo en los precisos momentos en que se celebraba, con la caída de los regímenes comunistas, lo que a otros parecía la apoteosis del sistema democrático en el planeta. Para contrarrestar aquel monopolio del poder que las mayorías ejercen en las sociedades abiertas y garantizar la participación de las minorías en el Gobierno y en la toma de decisiones, Hayek imaginó un complicado sistema —que no vacilo en llamar utopía— llamado la demarquía, en el que una Asamblea legislativa, elegida por 15 años, entre ciudadanos mayores de 45 años y por hombres y mujeres de esa misma edad, se encargaría de velar por los derechos fundamentales, en tanto que un Parlamento, semejante a los existentes en los países democráticos, estaría dedicado a los asuntos corrientes y a los temas de actualidad.

La única vez que conversé con Hayek alcancé a decirle que, leyéndolo, había tenido a ratos la impresión de que algunas de sus teorías (no la demarquía) materializaban aquel ambicionado fuego fatuo: el rescate, por el liberalismo, del ideal anarquista de un mundo sin coerción, de pura espontaneidad, con un mínimo de autoridad y un máximo de libertad, enteramente construido alrededor del individuo. Me miró con benevolencia e hizo una cita burlona de Bakunin, por quien, naturalmente, no podía tener la menor simpatía.

Y, sin embargo, en algo se parecen el desmelenado príncipe decimonónico de vida aventurera que quería romper todas las cadenas que frenan o ciegan los impulsos creativos del hombre, y el metódico y erudito profesor de mansa vida que, poco antes de morir, afirmaba en una entrevista: “Todo liberal debe ser un agitador”. En la fe desmedida que ambos profesaron siempre a esa hija de azar y la imaginación que es la libertad —la más preciosa criatura que el Occidente haya aportado al mundo— para dar soluciones a todos los problemas y catapultar la aventura humana siempre a nuevas y riesgosas hazañas.

* Artículo publicado en el diario El País (Madrid), el 5 de abril de 1992.

RUBÉN LOZA AGUERREBERE

El Premio internacional Libertad 2008, que reconoce una contribución de alta relevancia a la libertad en el mundo, ha sido conferido a Mario Vargas Llosa. Un encuentro con el celebrado escritor nos lleva a indagar sobre el liberalismo, tan resistido en América Latina, a través de dos preguntas cuyas respuestas resultan iluminadoras.

A la pregunta ¿cuáles serían sus primeras observaciones sobre pensadores como Karl Popper, Hayek e Isaiah Berlin?, responde el escritor: “Han hecho avanzar extraordinariamente la cultura de la libertad. Hayek es más economista, Popper filósofo de la ciencia, e Isaiah Berlin menos economista y más historiador, ensayista y filósofo. Creo que en los tres se da afortunadamente un rechazo de la especialización y una formación humanista, una visión de conjunto de la cultura y un rechazo a compartimentar el conocimiento en cotos autónomos. Creo que en los tres hay el convencimiento de que el bien más preciado de la civilización es la libertad. Sin ella se produce un empobrecimiento de lo humano, se abren las puertas a la violencia, a la intolerancia. La libertad no sólo es la mejor garantía que tenemos para asegurar la convivencia en la diversidad, el respeto a los derechos humanos, para establecer sistemas tolerables de existencia, sino que, en definitiva, sin libertad no existe desarrollo económico, un progreso realmente sostenido, genuino. Creo que en eso hay un denominador común grande entre esos tres pensadores así como diferencias muy marcadas entre ellos”.

Definiendo esas “marcadas diferencias”, agrega Vargas Llosa que: “Ellas muestran que el liberalismo, al que creo que pertenecen Hayek, como Popper y Berlin, no es una doctrina cerrada, dogmática, sino un cuerpo de ideas que admite muchas variantes. Isaiah Berlin es menos entusiasta respecto al mercado como lo es Hayek, como fuente no solamente de creación de riqueza, de buena distribución de los recursos, sino también de una elevación de los niveles de vida. Isaiah Berlin es mucho más escéptico en eso, y, bromeando, diríamos que tiene desviaciones socialdemócratas, porque piensa que si el mercado se deja enteramente a su libre funcionamiento —lo dice en una frase muy célebre— se da rienda suelta a que los lobos se puedan comer a los corderos, ¿no es verdad?, en nombre de una libertad puramente negativa, no contrapesada por una libertad positiva. Creo que el más radical en sus propuestas, alguna de las cuales lindan verdaderamente con el anarquismo, es Hayek, en su defensa de la soberanía individual, en su desconfianza tan profunda del Estado. Un tipo de propuestas que realmente lindan con las del anarquismo. Mientras tanto, en Popper hay una preocupación científica, filosófica; digamos que desborda lo puramente político. Aunque yo creo que de todos ellos el que ha dado la definición más acertada de lo que debería ser el ideal liberal es Popper, cuando dijo que el ideal de una sociedad democrática es crear un sistema en el cual los gobiernos puedan hacer el menor daño posible. Creo que esa es una fórmula que define mejor que ninguna otra lo que es el liberalismo, en lo que tiene de defensa, de desconfianza del Estado, del poder y de los poderes en general. Pero creo que de los tres se puede decir que son grandes pensadores de nuestro tiempo, por desgracia muy desconocidos en América Latina. Quizá por ella, la nuestra haya sido una cultura tan poco liberal”.

Un diputado ha sostenido que el Poder Judicial está subordinado al Legislativo y ha presionado a los magistrados. La libertad depende de la autonomía de los jueces, que también deben controlar a los gobernantes

RAMÓN DÍAZ

El Representante Nacional Esteban Pérez ha violado sin lugar a duda la Constitución: ha negado la separación de los Poderes del Estado, ha sostenido públicamente que el Poder Judicial está subordinado al Legislativo y ha presionado a los magistrados que integran aquel Poder para forzarles determinadas decisiones, entre otras cosas que veremos. Es imperativo que, sin demora, se le abra un juicio político para destituirlo. Si la mayoría del FA obstruyese ese resultado, lo que numéricamente podría hacer, la responsabilidad recaerá sobre todo el FA. Entonces se sabrá internacionalmente que hemos sufrido un golpe de Estado. El mundo sabrá que habremos dejado de ser un Estado de Derecho. Pero igualmente ha de saberse que se está haciendo todo lo posible para volver a serlo. No debemos demorar la respuesta de la Libertad y la Ley. ¡Es urgente!

Los legisladores operan bajo el imperio de la Constitución. Ésta reconoce la independencia de cada Poder del Estado. El diputado Esteban Pérez ignora, o tal vez repudia, ese principio. Repasemos sus palabras, que recojo del semanario Búsqueda de abril 10. “Parece que los magistrados se olvidan de quién vota y quién asigna cada peso que ellos gastan en el supuesto intento de impartir justicia.” La amenaza es clara. O los jueces se abstienen de declarar inconstitucional el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre jubilaciones y pensiones, contra lo que varias sentencias han resuelto, o el Parlamento usará su potencial legislativo para congelar sus remuneraciones.

Y continúa así: “Sería bueno que tomen conciencia real de lo que hacen y cómo lo hacen, porque puede haber muchas opiniones, diversidad de enfoques, matices: Está todo bien, pero que les votemos recursos para ir directo contra el pueblo, no va más.” Y concluye así: “La Suprema Corte de Justicia y los jueces en general, se ve que han tenido repentinos ataques de amnesia y se olvidan de que algunas venias se votan acá y que tanto la Rendición de Cuentas como el presupuesto se votan en esta casa, donde estamos los representantes del pueblo.” Este Representante Nacional que largamente hemos citado preside la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Pasemos a ocuparnos del juicio político. Los dos artículos de la Constitución que resultan pertinentes son el 93 y el 102. El primero dice así:

“Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.”

El artículo 102 dice así:

“A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos por dos tercios de votos del total de sus componentes.” Como el lector habrá apreciado, el juicio político no procura la aplicación de una sanción penal común, sino sólo la destitución del procesado.

El artículo 172, relativo al Presidente carece de relevancia, ya que su responsabilidad no está afectada. El procedimiento tendría que seguir las siguientes líneas: los diputados deberán elegir de su número un equipo encargado de redactar los cargos contra el miembro a someterse eventualmente a proceso. Naturalmente los juristas de entre ellos, los que no suelen faltar en una cámara legislativa uruguaya, deberán formar parte de ese grupo. También los diputados con experiencia periodística, análogamente también de frecuente presencia en las cámaras, deberán integrar el comité, ya que un juicio político suele alcanzar repercusión internacional. La institución es de origen inglés, en cuya lengua se lo conoce como impeachment. Algunos perduran en la memoria histórica, como el que encabezó Edmund Burke, en el siglo XVIII, contra una autoridad del Imperio Británico en la India, acusada de tiranizar a la población indígena. Con la independencia de los EEUU, el juicio político aparece en la Constitución del nuevo Estado (artículo II, sección II). Los impeachments a Presidentes en la Unión también son recordados, en realidad sólo dos, el de Andrew Johnson, en 1808, y el segundo uno reciente, contra Bill Clinton, que fracasó por un solo voto.

La finalidad del juicio político cuya conveniencia encarezco a mis lectores es bien sencilla, pero no por ello menos importante. La libertad, ese don irremplazable sin el cual los humanos somos esclavos, depende de la autonomía de los jueces. Si el factor específicamente democrático —parlamento y gobierno— no está controlado por los jueces, los popularmente electos pueden someter y esclavizar a los demás. La suerte de las minorías en los países donde los jueces carecen de fuerza, son trágicas, como ocurrió en la URSS y la Alemania nazi.

Para defender los valores puestos en peligro por el diputado Esteban Pérez no es necesario, como ya ha sido sugerido, lograr un triunfo pleno en el juicio político de que se trata. Un triunfo sería maravilloso, y una garantía de nuestra libertad. Pero examinando las posibilidades que se plantean podremos prever resultados alternativos aceptables. Veamos cuáles son esos resultados. Presentada la iniciativa a la presidencia de la Cámara de Representantes, ésta no le da trámite. Lo que sería semejante, puede la presidencia de Diputados plantear la iniciativa al Senado, y éste negarse a abrir el proceso. En cualquiera de los dos casos habría un escándalo internacional, y por lo menos una negociación que preserve la integridad de nuestra Constitución debería poder obtenerse. Lo fundamental es evitar transmitirle a la ciudadanía y al mundo que los uruguayos estamos dispuestos a renunciar sin lucha al bien supremo de la libertad.