Propuesta de Bases Programáticas de Gobierno para una candidatura a las Elecciones de 2004
Como propuesta de bases de gobierno para una agrupación del Partido Liberal, el presente trabajo respeta cabalmente el Programa de Principios del Partido Liberal.
EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE comparte plenamente la visión de país expresada en el documento del Partido Liberal titulado “En qué creemos y qué queremos hacer. Libertad para crecer todos”.
La defensa del contribuyente está en la esencia del liberalismo. Es, además, crucial en la coyuntura política, económica y social de nuestro querido Uruguay. Es esencial que los uruguayos tomemos conciencia de que el dinero que el Estado uruguayo despilfarra es nuestro; que tomemos conciencia de nuestra calidad de contribuyentes. La calidad de contribuyente es un elemento primordial de ser ciudadanos. Buscamos defender a todos los uruguayos, en su calidad de contribuyentes de un Estado abusivo e incontinente.
1) GOBIERNO
1.0) Objetivo
Los objetivos primordiales de la agrupación EN DEFENSA DE CONTRIBUYENTE, en caso de acceder al gobierno y contar con las debidas mayorías parlamentarias, serán:
- reforzar el muy malogrado Estado de Derecho, y
- lograr, al fin del período de gobierno, un Uruguay con la mitad del gasto público actual, la mitad de los empleos públicos, y la mitad de los impuestos
En concordancia con el Programa de Principios del Partido Liberal, EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE pone especial énfasis en el respeto a la Ley. Es la primera prioridad de nuestro planteo de gobierno la vuelta al respeto de nuestro orden jurídico, en particular de nuestra Constitución.
En los cinco años de gobierno se reducirán los gastos del Estado sistemáticamente. En forma concordante se irán reduciendo los impuestos. Al final del período de gobierno el país tendrá gasto público e impuestos equivalentes a la mitad de los existentes al inicio de dicho período de gobierno. Esto, medido en términos absolutos. Teniendo en cuenta que de esta manera se reactivará fuertemente la economía, determinando un importante crecimiento de nuestro PBI, la reducción porcentual será mucho mayor que esta mitad propuesta para los números absolutos.
Hay tres cosas que faltan en el quehacer político uruguayo: responsabilidad, humildad y honestidad. Los representantes de EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE que detenten cualquier cargo de gobierno se harán responsables del área del Estado puesta a su cargo, ante los ciudadanos, ante los contribuyentes, y ante sus votantes. Pretendemos hacer un fuerte aporte a la erradicación de la práctica, hoy habitual, por la cual los distintos responsables del Estado hablan de su área de responsabilidad como algo ajeno, algo por lo que no responden.
Nuestros representantes detentarán esos cargos con humildad; el hecho de haber sido electo es un gran honor, pero no confiere omnisciencia ni infalibilidad. Los gobernantes son electos por sus pares para administrar el Estado, y deben tratar a los ciudadanos como sus pares.
La honestidad económica les será siempre exigible. Y no menos exigible que la honestidad intelectual. Es hora de que las cosas se llamen por su nombre. Aquel que menciona los problemas existentes no es, de ninguna manera, su causante. Por el contrario, el comienzo de la solución de los problemas está en encararlos, y eso a su vez empieza por reconocerlos y tratarlos sin tapujos.
EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE propone también una extensa desregulación, que puede verse como un corolario de la reducción del aparato estatal. En efecto, la enorme y tentacular intromisión del Estado uruguayo en la vida de los ciudadanos se respalda en la propia enormidad del Estado.
La drástica reducción de las regulaciones es en sí misma una medida económica, que tendrá, indudablemente, un fuerte impacto en la actividad de los uruguayos. Dicho esto, interesa destacar que la desregulación se enmarca dentro del retorno al Estado de Derecho que planteamos como nuestro objetivo primordial. Las regulaciones siempre establecen privilegios, beneficiando a unos pocos y perjudicando a la enorme mayoría. Nos proponemos firmemente eliminar esos privilegios, que contravienen de manera directa y expresa lo establecido en los artículos 7º, 8º y 55 de nuestra Constitución.
Tal vez la forma más breve de resumir nuestra propuesta de gobierno, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Parlamento, se ésta: EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE llevará a cabo su actividad de gobierno desde el punto de vista del contribuyente, que es hoy el gran olvidado.
1.1) Estado de Derecho e imperio de la Constitución y la Ley
La Constitución uruguaya se respetará y se hará respetar de manera irrestricta. Esto incluye, por supuesto, la Sección II, que establece los derechos de los ciudadanos uruguayos, y los deberes y garantías que se exigen a todos los ciudadanos, y a los gobernantes en particular.
En los últimos años hemos vivido una suerte de dictadura de los parlamentarios; el Poder Legislativo se ha puesto a sí mismo por encima de la Constitución. EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE, de ser gobierno y contar con las debidas mayorías en el Parlamento, se compromete a que este abuso sea eliminado totalmente. La razón de ser de la Constitución es exactamente ésa: controlar a los gobernantes. Para eso está, y nos ocuparemos de que retome el lugar que se merece en nuestro ordenamiento jurídico.
1.2) Reducción del gasto público
El gasto público uruguayo tiene hoy niveles insostenibles. Su imperiosa reducción ha sido postergada por casi dos décadas, usando como excusa el eufemismo de sucesivos planes de “reforma” del Estado, que sólo lograron incrementar el gasto público.
El Estado uruguayo no necesita “reforma”. El Estado uruguayo necesita reducción. El gasto de funcionamiento del Estado es mayoritariamente remuneraciones. Complementariamente, el gasto superfluo del Estado es casi completamente remuneraciones. Teniendo en cuenta esto, reducir el Estado es, necesariamente, despedir funcionarios y/o suprimir cargos públicos. No hay reducción del Estado sin reducción del número de empleados públicos. Y esa reducción debe ser efectiva, es decir significativa, material.
En total acuerdo con lo establecido en el Programa de Principios del Partido Liberal, EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE plantea una drástica reducción de gasto público. En el entendido de que el gasto público uruguayo es mayoritariamente sueldos, la reducción del gasto público se traduce necesariamente en la reducción del número de empleos y empleados públicos. Llevaremos a cabo una reducción del 50% de los cargos públicos, y una consecuente reducción del 50% de los empleados públicos.
1.2.1) Despido de empleados públicos y supresión de cargos públicos
Nuestro gobierno tendrá como objetivo preponderante y primordial la reducción del número de cargos y empleados públicos en un 50%. Para llevar esto a cabo (partimos de la base de que se cuenta con la debida mayoría parlamentaria, como ha sido el caso en los cuatro últimos gobiernos presuntamente liberales), suprimirá de plano todos los cargos que sean evidentemente caros e innecesarios (incluyendo, indudablemente, los correspondientes a personal contratado, sea con cargo al presupuesto nacional, o a endeudamiento, o a programas con instituciones multilaterales de crédito o de presunto apoyo), aplicando lo establecido en los artículos 85 inciso 13, 86, 214 y 215 de la Constitución. Este primer paso podría significar una reducción del 5% de los empleos públicos y de un 10% del gasto público por concepto de remuneraciones. Muchos de los cargos que reúnen estas condiciones están identificados, reseñados, aceptados como tales por el Presidente, y a la vista de todos en las páginas de Internet de la Presidencia; habría que agregar los del Poder Legislativo y las intendencias. Luego debería identificarse aquellos cargos que sean simplemente innecesarios, y también suprimirlos. Puede estimarse que ellos significarán un 20% de cargos y de gasto asociado.
Este primer 25% debería reducirse dentro de los seis primeros meses de mandato, dado que, en principio, debe incluirse en el Presupuesto Nacional (artículo 86 de la Constitución). Tal vez podría considerarse a las leyes de Rendición de Cuentas, de carácter anual, como leyes de presupuesto (de hecho lo son). Así, habría no sólo una instancia quinquenal para esta acción del Parlamento, sino también una anual.
Para el 25% restante de cargos (20% del gasto asociado), habría que asegurarse la colaboración de todos y cada uno de los jerarcas del Estado, y establecerles como su máxima prioridad la identificación de aquellos funcionarios merecedores de destitución por ineptitud, omisión o delito, de acuerdo al artículo 168 inciso 10 de la Constitución. La correspondiente destitución (y consecuente supresión del cargo) debería hacerse con la mayor celeridad. No obstante, dado que es esperable cierta dificultad burocrática, debería exigirse un ritmo de destitución no inferior al 1% de cargos por mes. La reducción efectiva del 50% de los cargos públicos tomaría, así, entre dos y tres años.
Un aspecto crucial de esta tarea es la compilación de una base de datos general de empleados y cargos públicos, sean presupuestados, a cuenta de endeudamiento, o como parte de programas de organismos multilaterales. La información provendrá de la ONSC (Oficina Nacional del Servicio Civil) y de cada una de las reparticiones del Estado. Esta base de datos permitirá identificar duplicaciones e irregularidades de muy variado índice. Si bien es casi seguro que este ejercicio no se ha hecho, estamos convencidos de que es perfectamente posible. Además de ser imperioso y necesario; su ausencia constituye uno de los tantos absurdos abusos del Estado uruguayo.
1.2.2) Supresión de jubilaciones irregulares
El pago de jubilaciones y pensiones constituye uno de los elementos principales del gasto público uruguayo. El BPS es altamente deficitario, y las transferencias que recibe del Poder Ejecutivo son el principal componente individual del las erogaciones del Estado uruguayo.
EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE se compromete plenamente con el pago de las jubilaciones, en la forma establecida por la Constitución uruguaya. No obstante, es imperiosa la revisión exhaustiva de la nómina de jubilaciones y pensiones, a fin de identificar irregularidades, y hacer las correspondientes correcciones.
1.2.3) Supresión de reparticiones del Estado
EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE centra sus objetivos de gobierno en la reducción del gasto del Estado. Consideramos que la supresión de reparticiones del Estado per se, sin la supresión de los cargos públicos correspondientes a la repartición suprimida, es ociosa, amén de engañosa.
No obstante, paralelamente a la reducción de empleos y empleados públicos (o con posterioridad a dicha reducción), nuestro gobierno se propone reducir el enorme número de instituciones públicas, en muchísimos casos injustificadas.
De nuevo, se impone establecer un listado general de reparticiones del Estado, incluyendo todos los distintos tipos posibles, entre ellos: Poderes, organismos de control, ministerios, servicios descentralizados, entes autónomos, personas públicas no estatales, fondos, institutos, direcciones, programas, planes, bancos, empresas privadas propiedad del Estado o administradas por el Estado. Dicho listado incluirá también la forma en que se solventan estas diferentes reparticiones del Estado, lo que constituye un fárrago de impuestos, tasas, asignaciones, repartos, derogaciones, reasignaciones.
Nuestro programa de gobierno se compromete con la vuelta al sector privado de las empresas de todo tipo (esto incluye, claro está, instituciones bancarias) que han pasado a la órbita pública, lo que implica que sean vendidas o liquidadas. Esto supone la desaparición de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).
1.2.4) Revisión de subvenciones del Estado
1.2.4.1) Subvenciones directas
Además del engorroso entramado de instituciones públicas de muy variados tipos, los contribuyentes uruguayos mantenemos o subvencionamos un número importante de instituciones privadas (algunas de ellas son de origen público). EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE eliminará todas las subvenciones que no sean de estricta necesidad para la sociedad.
Como ejemplo de una subvención a suprimir, podemos mencionar el Instituto Antártico. Como ejemplos de subvenciones a mantener, hay varias instituciones de apoyo a discapacitados.
1.2.4.2) Subvenciones indirectas, duplicaciones, incompatibilidad
En varias áreas, entre ellas la salud, el Estado uruguayo obliga a los contribuyentes a pagar por servicios que no reciben, o a pagar más de una vez por servicios que la población sí recibe.
Es el caso de los aportes de DISSE a las mutualistas, de ciudadanos activos y pasivos. De estos cotizantes, una porción tal vez mayoritaria no está en condiciones de afrontar los tiques de atención que se cobran en las mutualistas. Esos ciudadanos se atienden en el sistema de salud pública. Así, el Estado paga dos veces por la misma cobertura de salud.
Otro caso es el del Fondo Nacional de Recursos. Se obliga a los socios de las mutualistas a pagar un sobreprecio para solventar tratamientos de alta tecnología. El correspondiente fondo ha sido manejado con muy mal criterio, y hoy está en virtual cesación de pagos.
Por otra parte, en el sector salud es muy común la coexistencia de intereses privados y públicos. Esto es tan generalizado, que ni siquiera se percibe como una incompatibilidad.
EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE suprimirá las subvenciones y duplicaciones mencionadas, y atacará de plano las incompatibilidades en nuestro sistema de salud. Se apuntará a un sistema público de salud profesionalizado, con personal jerárquico de dedicación completa y exclusiva. A su vez, se homogeneizarán criterios en el sistema público de salud. Esto significa que se tenderá a un sistema público único, con un esquema de remuneraciones razonable y parejo. En un sistema así, el MSP absorbería a las instituciones públicas de salud que hoy son satélites: Hospital Militar, Hospital Policial, Hospital de Clínicas, hospital del BSE, etc.
Volveremos sobre este tema en el punto 1.3) Desregulación.
Otra área en que se observan claras incompatibilidades es la DGI. Como fuera reconocido públicamente por el propio titular de dicha repartición del Estado, los funcionarios de la DGI incumplen el artículo 94 de la Ley Nº 13.640 (de Presupuesto Nacional, del 26 de diciembre de 1967), que establece un régimen de incompatibilidades para el desempeño de sus funciones.
1.2.5) Condiciones para el presupuesto de la universidad pública
Tal vez la característica más sobresaliente de la universidad pública uruguaya es su gratuidad. Ella no proviene de la Constitución, sino de la Ley Nº 12.549, que establece su carta orgánica. La enseñanza terciaria gratuita es considerada generalmente como un orgullo, un activo importante de la nación. Es uno de los pilares de la cultura estatista de nuestro país. Esta peculiar situación es percibida en el ideario nacional como un beneficio para los sectores de menos recursos, que les hace posible llevar adelante una carrera universitaria sin disponer de los medios necesarios para pagarla.
Desde una óptica liberal (inobjetable, por otra parte, desde un punto de vista estrictamente pragmático), la gratuidad de la UDELAR es perjudicial para la sociedad. El objetivo social que pretende cumplir es totalmente rebatido por los hechos. Los estudiantes universitarios son, en mayoría abrumadora, provenientes de las clases pudientes (alta y media alta). Aquél que no dispone de los recursos financieros para pagar una carrera universitaria, tampoco dispone del tiempo necesario, o de los medios requeridos para traslado, libros, materiales. O, incluso, de los antecedentes curriculares exigidos para su ingreso.
Como la UDELAR es financiada con impuestos, el resultado de esta situación es que los pobres subvencionan a los ricos. El IVA que se cobra a los estratos económicos bajos de la sociedad es usado, en parte, para pagar los estudios de los integrantes de los estratos altos.
EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE pretende imponer condiciones a la UDELAR al asignársele un presupuesto. La primera de ellas: exigencias a los estudiantes, traducidas en un plazo para cumplir cada año lectivo (digamos dos años), y un máximo de veces que puedan reprobar una materia (digamos cuatro). También haremos esfuerzos para que la universidad cobre una matrícula razonable a sus estudiantes.
Complementariamente, se establecerá un plan de becas serio y completo, que asegure que aquél que lo merece pueda estudiar de manera completamente gratuita, incluyendo transporte, libros, materiales, alojamiento. Esto sí sería beneficiar a los estratos de menores recursos.
1.3) Desregulación
1.3.1) Compilación de regulaciones
Al igual que en puntos anteriores, planteamos como punto de partida la compilación de todas aquellas normas jurídicas que establezcan regulaciones. Dichas regulaciones pueden consistir, entre otras cosas, en prohibiciones injustificadas, fijaciones de precios, impuestos inventados.
1.3.2) Desmonopolización
Los monopolios legales constituyen, tal vez, el aspecto más notorio de la sobrerregulación uruguaya. Proponemos la eliminación lisa y llana de todos los monopolios legales. Las instituciones públicas que hoy hacen uso de esos monopolios, deberán competir en igualdad de condiciones con todo aquél que decida participar de la actividad económica en cuestión. Esto significa que el Estado no subvencionará de ninguna forma a las reparticiones estatales en competencia.
1.3.3) Sistema financiero
El sistema financiero constituye un elemento crucial en este proceso de desregulación. El Estado se desprenderá de sus participaciones accionarias en bancos otrora privados. El negocio de los seguros será totalmente desmonopolizado. Las actuales prerrogativas del BROU serán eliminadas. Se considerará el cierre del Banco de Seguros y el Banco Hipotecario.
Bajo ninguna circunstancia el Estado participará en acciones de salvataje. Aquellas instituciones financieras que deban quebrar, quebrarán, como sucede en los otros sectores económicos, o en el propio sector financiero en otras partes del mundo.
Concomitantemente, el Banco Central enfatizará en sus tareas de control del sistema financiero, ejerciéndolas efectivamente. Se propondrán mayores penas a los delitos e irregularidades financieras, principalmente a la omisión, negligencia o connivencia de las autoridades de control.
1.3.4) Control de precios
Otra faceta de la regulación es el control de precios. EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE se propone erradicar la intervención del Estado en la fijación de precios de la economía uruguaya. Hay muchos ejemplos de esta característica de nuestro ordenamiento económico, unos directos y otros indirectos. Como directos, podemos mencionar los precios de los servicios brindados hoy por el Estado, de los distintos pagos realizados por los afiliados a las mutualistas de salud, de los aportes jubilatorios hechos al Estado, a las AFAP, o a cajas de pensiones no estatales. En los indirectos caben todas las limitaciones establecidas arbitrariamente en distintos sectores económicos, como las prohibiciones geográficas y de horario en las estaciones de servicio, panaderías y farmacias, o la limitación en el número de vehículos con taxímetro.
Es curioso cómo la intervención del Estado en la fijación de precios se presenta habitualmente como una protección a los ciudadanos, y resulta siempre en que los ciudadanos pagan mayores precios por peores servicios.
1.3.5) Certificados y autorizaciones
Las regulaciones son siempre inconvenientes en términos económicos, y siempre atentan contra los derechos de ciudadanos y contribuyentes. En algunos casos el aspecto civil pesa, tal vez, más que el económico. Es lo que sucede con una larga lista de certificados y autorizaciones que los uruguayos nos vemos obligados a obtener en muchas facetas de nuestra vida cotidiana. Estas exigencias oficiales no sólo no están justificadas, sino que muchas veces son escandalosamente redundantes. Como ejemplos de estas intromisiones del Estado en la vida de los ciudadanos, que nos comprometemos a atacar de plano, podemos mencionar los certificados expedidos por distintas reparticiones del Estado para ser presentados ante el mismo Estado (DGI, BPS, buena conducta, partidas de nacimiento y defunción, certificados notariales).
1.3.6) Trámites de adopción
Merece un tratamiento aparte el tema de la adopción. La legislación en este tema es tan enrevesada que hace virtualmente impracticable la adopción. Nuestro país tiene la penosa particularidad de contar con largas listas de espera para concretar adopciones (se cuentan en miles), y enormes cantidades de niños desamparados, sea en la calle o atendidos por el Estado u organizaciones privadas.
1.4) Refuerzo en áreas sustanciales del Estado
Si bien el objetivo de los ahorros obtenidos con la reducción del gasto del Estado es una paralela reducción de los impuestos, EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE no olvidará a los más necesitados ni a los sectores esenciales del Estado.
1.4.1) Plan alimentario y de refugio
Los primeros ahorros obtenidos serán utilizados en la implementación de un plan alimentario y de refugio, con el objetivo de erradicar el hambre y la situación de calle de la población uruguaya. Dicho plan será focalizado: los recursos empleados llegarán a la población objetivo casi en su totalidad, eliminando los gastos burocráticos que hoy hacen que los beneficiarios de los servicios reciban mucho menos de la mitad de los recursos oficialmente destinados a asistirlos. También será a término: las medidas liberales implementadas por EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE tendrán un necesario y rápido impacto positivo en la economía, que hará que la población necesitada se reduzca rápidamente.
1.4.2) Poder Judicial
EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE plantea el retorno al Estado de Derecho como su principal objetivo. En esa línea, el segundo rubro a reforzar (luego del plan de asistencia a los más necesitados) es el Poder Judicial. Al fin del período el Poder Judicial tendrá un presupuesto acorde con sus necesidades. Es de destacar que los refuerzos presupuestarios se harán en base a estudios económicos en los cuales se determinarán las verdaderas necesidades de esta crucial repartición del Estado, y en los que también se pondrán de manifiesto aquellas áreas en las que los recursos son desperdiciados, para poder efectuar las debidas correcciones.
1.4.3) Seguridad
Nuestro gobierno tendrá especial interés en reforzar la seguridad pública, mejorando la dotación, el equipamiento y las remuneraciones del personal policial.
1.4.4) Educación primaria y secundaria
EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE considera una aberración el actual nivel de remuneración del personal público docente. Pondremos especial atención a las posibilidades de mejoras en dichas retribuciones, así como en el equipamiento y las instalaciones de escuelas y liceos.
1.5) Reducción de impuestos
Paralelamente a la reducción del gasto público, y luego de reforzar los presupuestos de justicia y seguridad (y, eventualmente, los de educación y salud) se reducirán los impuestos que pagan los contribuyentes uruguayos, de manera acompasada. Al final del período de gobierno la carga tributaria se verá reducida, en términos absolutos, a la mitad de su nivel al inicio del período de gobierno.
1.5.1) Reducción anticipada
En caso de contar con el debido financiamiento, los impuestos podrán reducirse a un ritmo mayor que la reducción obtenida en los gastos del Estado uruguayo. Esto se hará siempre y cuando el nivel general de endeudamiento del país no se vea afectado de manera permanente. No perderemos de vista que el objetivo de nuestro gobierno incluye también la reducción gradual de los niveles de endeudamiento del Estado uruguayo, medido en términos de porcentaje del PBI.
1.5.2) Simplificación fiscal
EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE apunta a una fuerte simplificación del sistema tributario, como instrumento de mejora en la gestión del Estado uruguayo. No obstante, aún sin modificar el actual sistema de recaudación es posible (y necesario) reducir la carga que soportamos los contribuyentes uruguayos. Como referencia, pensamos en un IVA generalizado del 14% al final del período (sustituyendo a los actuales IVA y COFIS), un impuesto generalizado a las actividades lucrativas del 15% (sustituyendo a los actuales IRIC e IRA), y una sustancial reducción de los aportes patronales a la seguridad social.
2) ACCIÓN PARLAMENTARIA
Nuestra agrupación política liberal tiene vocación de gobierno. No obstante, una visión racional y realista de la escena política actual nos indica que eso no es esperable en el próximo período 2005-2009. Lo más probable es que la acción política de EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE sea exclusivamente parlamentaria a nivel nacional.
2.1) Transparencia en el Parlamento
El artículo 108 de la Constitución establece que el presupuesto aprobado de cada cámara será comunicado al Poder Ejecutivo e incluido en la Ley de Presupuesto. Y, a su vez, el mencionado artículo establece de manera contundente que dichos presupuestos deben recibir amplia difusión pública. Ante estas claras indicaciones constitucionales, uno esperaría encontrar los presupuestos de ambas cámaras en la Ley de Presupuesto, y también en forma detallada y específica en el sitio en Internet del Parlamento, en el área denominada “Organización Parlamentaria”. Con gran sorpresa hemos verificado que no es así. De hecho, en los lugares en que un ciudadano común consulta habitualmente la reglamentación y organización del Estado (sitios en Internet del Parlamento y la Presidencia), no nos ha sido posible hallar nada relativo al presupuesto del Poder Legislativo. Por su parte, las leyes de Presupuesto de 2001 y 1996 no hacen referencia alguna al presupuesto del Parlamento, lo que hace suponer que las anteriores tampoco lo harán. Esta escasa difusión de los presupuestos de las cámaras, si bien viola claramente el artículo 108 de la Constitución, no deja de estar en línea con el ánimo de otorgar supremacía a los parlamentarios, ánimo que parece dominar la escena legal uruguaya, Constitución incluida.
La primera tarea de la bancada de parlamentarios liberales de EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE será exigir y obtener la más amplia difusión del presupuesto del Parlamento, en el mayor nivel de detalle, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 108 de nuestra Constitución, que hoy no se respeta.
En la misma línea, nuestra bancada exigirá que todo presupuesto tratado en el Parlamento incluya los correspondientes números, con la presentación habitual y el debido nivel de detalle. Dichos números son parte integrante de las correspondientes leyes, y por tanto deberán incluirse sin modificaciones a la hora de hacer públicas las leyes.
Exigiremos también la publicación del gasto parlamentario no incluido en su presupuesto oficial. Esto es, el gasto generado por el personal que trabaja en el Poder Legislativo en régimen de pase en comisión.
2.2) Reducción del gasto del Parlamento
Nuestra agrupación política se compromete con la drástica reducción del gasto de funcionamiento del Poder Legislativo. Se respetará la pauta antes indicada de reducir el gasto, los empleados y los cargos a la mitad. No obstante, esto parece insuficiente en el caso del Parlamento.
Se atacará de plano el mal uso del régimen de pase en comisión, que hace posible un despilfarro de recursos. Es de destacar que el costo de los empleados destinados al Parlamento en comisión no se incluye en el costo del Parlamento. Entre nuestras prioridades estará el hacer público el gasto que por este concepto se genera, y en luchar denodadamente por su reducción a niveles razonables.
Nuestros parlamentarios tendrán una estructura razonable en sus despachos. Un par de asesores y un par de secretarias parece más que suficiente para la actividad parlamentaria regular.
Nuestros parlamentarios leerán la prensa de los volúmenes de la biblioteca del Palacio Legislativo, contribuyendo así a la reducción del enorme gasto en publicaciones.
2.3) Desregulación
El grueso de las iniciativas legislativas de nuestra bancada estará destinada a la derogación de normas que establecen regulaciones (ver punto 1.3).
2.4) Combate a la inconstitucionalidad
Los legisladores de EN DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE harán una celosa vigilancia de la constitucionalidad de las leyes. Nuestros parlamentarios denunciarán enfáticamente cualquier desviación al respecto, tanto en el propio Parlamento como a nivel judicial.
