Partido Liberal

PABLO MONTALDO

“Yo te pregunto ¿qué privatización? Si va a ser 100% pública: 99% de Antel y 1% de la CND. No todas las empresas públicas tienen que ser de gestión pública. Ancap tiene unas 17 empresas que operan dentro del derecho privado. ¿Antel tiene que asumir eso? Si Antel puede disponer de 100 millones más por año, en primer lugar debería verterlos a dar un mejor servicio o a mejores tarifas. Hay que tener un poco en vista el interés del país, además del interés de los trabajadores”.

Más claras no podrían haber sido las declaraciones de la presidenta de Antel, María Simon, al informativo de Canal 12 el martes 28 de marzo al referirse al proyecto de crear una sociedad anónima para gestionar el “call center” de la empresa. Sin embargo, y pese la convicción demostrada, el lunes 2 la empresa estatal terminó cediendo a las presiones sindicales y negociando una fórmula intermedia: la sociedad anónima se creará, pero funcionará solo durante un año, luego del cual los trabajadores pasarán a integrar los cuadros del ente estatal, tal como quería el sindicato.

A Simon se la veía sumamente convencida de la solución de la sociedad anónima en la entrevista televisiva, como un jugador de póquer con cuatro ases en la mano. Algo debe haber sucedido que le hizo cambiar de opinión.

El “call center” de Antel atiende casi 1.700.000 llamadas por mes, prestando servicios no solo para la telefonía fija, sino también para Ancel y Anteldata. En el servicio trabajan 96 funcionarios presupuestados, 36 personas con contrato a término y 496 contratados a través de empresas de servicios temporarios. Estas personas cobran entre 4.000 y 5.000 pesos y no tienen los beneficios del resto de la plantilla del ente.

La idea de la sociedad anónima iba más allá de simplemente eliminar las terciarizaciones. La idea abarcaba la creación de un centro de atención telefónica para todo el Estado. La idea era crecer y generar nuevas fuentes de trabajo.

Si el “call center” de Antel se desarrollaba, quizá Uruguay tomara conciencia de la importancia de este negocio en el mundo y de los pasos que habría que dar para hacer crecer a esta industria en Uruguay. Los mayores gastos que generará la nueva estructura totalmente estatizada demorarán la baja en el precio de las comunicaciones. También demorará la toma de conciencia sobre la necesidad de contar con legislación que proteja fuertemente los datos de carácter personal.

Antel creyó que estaba jugando al póquer y apostó fuerte. Pero, quizá, estaba jugando al juego de la mosqueta, en el que siempre gana el mismo.

PABLO MONTALDO

Si hay algo en lo que la mayoría de los economistas se han puesto de acuerdo es sobre las causas de la inflación, el modo de combatirla y el daño que origina a la economía. Luego de siglos de discusión, se llegó al convencimiento de que la explicación monetaria era la única. Y es relativamente sencilla: un aumento de emisión de dinero superior al aumento de la demanda de dinero. Quien regula la emisión de dinero es, básicamente, la llamada “autoridad monetaria”, en Uruguay, el Banco Central del Uruguay (BCU). La demanda de dinero, por su parte, es regulada por el público. El público demandará más dinero si necesita o desea realizar una mayor cantidad de transacciones. Esto sucede en períodos en que la economía crece, períodos en los cuales aumentan los ingresos, el consumo y la inversión.

La semana pasada se conoció la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo, que es el indicador que usualmente se toma para medir la inflación. El aumento registrado de 0,9% llevó la variación acumulada de los últimos doce meses a 7,36%. Las alarmas comenzaron a sonar inmediatamente. La inflación en el año móvil a marzo es la mayor desde diciembre de 2004 (7,59%), la tendencia parece ser claramente al alza y se corre el riesgo de incumplir la meta inflacionaria para 2007, de un máximo de 6,5%.

Sensatamente, el gobierno puso como una de sus prioridades mantener la inflación a raya. Le ha encomendado esa tarea al BCU, que se ha puesto metas sucesivamente inferiores. Es evidente que, si ahora el compromiso de una inflación máxima de 6,5% está en tela de juicio, quien debe hacer que ese compromiso se respete puede llegar a fallar.

No en vano el Comité de Política Monetaria del BCU anunció el jueves pasado una contracción de la oferta de dinero. Se informó que, para atacar el exceso de pesos, habrá una baja de 15% a 9% en la meta indicativa de crecimiento de los medios de pago para los 18 meses que se cierran en setiembre de 2008.

La medida de reducir la cantidad de dinero sin duda era necesaria. Ahora bien, si esta medida no se acompaña con otras para frenar el consumo público y privado, a la larga traerá cola. El precio del dólar seguramente caerá, lo que abaratará el precio de los bienes importados, estimulando su compra. Si a ello se le agregan mayores gastos del sector público (como ha sido anunciado), se tiene un cocktail que puede llegar a ser explosivo. El final de la película: recesión, inflación o ajuste fiscal.

PABLO MONTALDO

En muchos países, la pobreza es un callo. Algo que va creciendo poco a poco, se va endureciendo, molesta y cuesta extirpar. Algo con lo que, pese a lo incómodo, uno termina conviviendo; termina aceptándolo.

En sus primeras menciones dentro del discurso del 2 de marzo, el presidente Tabaré Vázquez habló de los logros de su gobierno en materia de pobreza. Habló de la baja del porcentaje de personas en situación de pobreza; habló de la reducción de la pobreza entre los jóvenes y habló de la disminución de la cantidad de indigentes.

La importancia del tema requiere un análisis más profundo de las cifras. Si bien es cierta la baja producida en 2006, no deja de ser cierto también que la situación actual es bastante peor que la de 2001, año previo a la crisis. El porcentaje de personas pobres, según el criterio de Cepal, fue de 19% en el primer semestre de 2006, cuando en 2001 había sido de 12%. En 2006 había un 37,5% de menores de 6 años pobres, cuando en 2001 esa cifra era de 27,2%.

Otro asunto sobre el que se debe debatir también es el de cómo atacar la pobreza. En muchos países, incluyendo a Uruguay, se han aplicado planes asistencialistas. Muchos investigadores entienden que estos planes -de medidas sociales focalizadas en determinados grupos- operan apenas como amortiguadores de corto plazo. Serían lo que la piedra pómez al callo: no resolverían el problema de fondo.

Las modernas políticas para atacar problemas como el de la pobreza parten del reconocimiento de la necesidad de inversión en capital humano (educación, básicamente).

La inversión en capital humano ayuda a romper el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, se desarrollan redes de protección social para asegurar la cohesión social y hacer que las personas se sientan partícipes de un proyecto por el que vale la pena luchar.

Con la excepción del programa “Oportunidades”, aplicado en México a partir de 2002, ninguna de las políticas específicas aplicadas en América Latina en los últimos años está diseñada para romper ese círculo vicioso de la pobreza.

La finalización del Plan de Emergencia implementado por el gobierno sería un buen momento para dar un viraje en materia de políticas sociales. En los países desarrollados, el gasto público en educación es el 5,5% del PBI, mientras que en Uruguay apenas supera el 2%. Seguramente, un mayor y mejor gasto en educación no dará resultados sobre la pobreza en el corto plazo. Pero es mejor gastar en educación que seguir aplicando piedra pómez.

PABLO MONTALDO

Se cuenta que, cierta vez, dos hermanos que vivían en granjas vecinas, separadas por un pequeño río, entraron en conflicto. Una mañana, el hermano mayor sintió que llamaban a su puerta. Cuando abrió vio un hombre con una caja de herramientas de carpintero en la mano y que buscaba trabajo: “Quizás usted tenga un pequeño servicio que yo pueda hacer”. “Sí, claro que tengo trabajo para usted. Ve aquella pobre granja al otro lado del río. Es de mi hermano más joven. Quiero que usted construya una cerca bien alta a lo largo del río para que yo no tenga que verlo mas”.

El carpintero trabajó durante todo el día. Cuando el granjero vio la obra no podía creer lo que veía. El carpintero había hecho un puente que unía las dos márgenes del río. El granjero estaba furioso. Sin embargo, al mirar hacia el puente, sintió el impulso de correr a abrazar a su hermano. Con el tiempo, el puente sirvió de paso a muchos transeúntes y el hermano menor salió de su pobreza.

Casi llegando al fin de la alta temporada turística uruguaya, es bueno replantear el trillado asunto del puente sobre la barra de la Laguna Garzón. Puede parecer un tema menor, pero no lo es. Para Uruguay los ingresos por turismo son importantes y, por diversas razones, los mismos han caído en los últimos años.

Desde hace algunos años y, en parte, como consecuencia de la llegada de importantes inversiones en la costa del departamento de Maldonado, se ha comenzado a diversificar el origen de los turistas que arriban. Es un turismo diferente al tradicional, un turismo que demanda mayor infraestructura y mejores servicios, pero también que invierte y gasta más, aunque su estadía promedio sea inferior.

Uruguay tiene potencial; tiene paisajes y lugares espléndidos aún infra explotados en las costas de Rocha que bien podrían venderse a esos nuevos turistas. Lo que hace falta es decidirse a tender los puentes que lleven ese turismo más hacia el Este. Se dirá que no hay que dañar el ecosistema; se dirá que no hay fondos suficientes para realizar las obras necesarias; se dirá que las inversiones no son rentables.

Seguramente en 1965, cuando se le encargó a Leonel Viera la construcción del puente sobra la barra del arroyo Maldonado, la inversión fue alta y su viabilidad económica era dudosa. Pero gracias a la visión que se tuvo en aquel momento, 40 años después se pueden estar recibiendo turistas del primer mundo y varios balnearios de Maldonado se transformaron en destinos de primer orden.

PABLO MONTALDO

Los productores vitícolas pretenden que este año se apruebe una ley que limite el cultivo de plantas de vid, frenando así el crecimiento que se ha producido en los últimos años. De acuerdo al vicepresidente del Centro de Viticultores del Uruguay, Miguel Sorbara, un productor que desee ampliar el número de plantas deberá esperar a que otros den de baja un número equivalente.

Según los viticultores, en la actualidad existiría un exceso de oferta de vino producto de una plantación “excesiva”. Estiman que, de no tomarse medidas como la que proponen, en 2014 se llegaría a cosechas de 150 millones de kilos de uva, un 25% más de lo que se producirá este año. Esta idea se suma a otras de los bodegueros como regular qué tipo de uvas se debe plantar en cada lugar, eliminar las prestaciones vínicas, prohibir la importación de vinos comunes que compitan con los vinos nacionales y subsidiar a la exportación, entre otras.

Las propuestas de viticultores y bodegueros son bastante desvergonzadas. A simple vista pueden parecer loables, sobre todo cuando se argumenta que en otros países, como Francia, existen reglas similares. Pero, ¿qué se está queriendo decir cuando se pide un tope a la plantación de vides, una prohibición de importar vinos de mesa o un subsidio a la exportación? Nada más ni nada menos que: “Deseo que el Estado, vía regulación, aumente la rentabilidad de mi negocio”.

Es muy sencillo. En el futuro deseado por los viticultores, cualquiera que desee implantar un nuevo viñedo tendrá, o bien que esperar que algún viticultor deje sus plantaciones, o directamente comprar un viñedo “habilitado”. Pero, en ese hipotético escenario, no habrá productores que abandonen sus viñas así nomás. El que tenga un derecho de plantación lo hará valer. Por lo tanto, es altamente probable que aumente el valor de las áreas actualmente sembradas.

Esto claramente beneficia a los viticultores y en modo alguno resuelve el supuesto problema del “exceso” de vino. Suena increíble que, en un país que aparentemente quiere ir a más, haya empresarios que deseen que el país produzca menos de uno de sus productos de exportación. También parece increíble que estos empresarios busquen resolver sus problemas con recetas sesentistas: regulación, protección, subsidios.

Uruguay ya padeció esa enfermedad de querer salvar a particulares mediante regulación estatal. Aunque no lo parezca, esa regulación tiene un elevado costo, que acaba pagando toda la población. Y además, a la larga, siempre termina fracasando.

PABLO MONTALDO

Llevarle la contra al mercado sale caro. Muchos economistas lo sostienen y una de las pruebas está en Uruguay: la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Entre otras tareas, esta institución paraestatal se ha encargado, desde sus inicios, de rescatar empresas a las que el mercado les había sacado la tarjeta roja. Parece que ahora se agregaría una nueva: Fibratex.

Luego del cierre de la empresa a fines de 2006 y de la negativa de un empresario mexicano a invertir en Fibratex, el gobierno se apresta a capitalizarla mediante un fideicomiso administrado por el Banco República, creando una nueva compañía que sería gestionada por la CND.

En declaraciones a la prensa, el industrial mexicano León Moscona, accionista de Lanas Filtex, consideró que Fibratex necesita “eficientarse”. Desde su punto de vista, la empresa posee un exceso importante de personal y un parque de maquinaria obsoleto. Moscona indicó también que se necesita producir el doble de lo que producía Fibratex para que una textil “funcione razonablemente bien”.

¿Quién no se acuerda de Campomar y Soulas, de “La Aurora” de Martínez Reina, de Ildu, de Alpargatas, de Sudamtex o de Sintéticos Slowak? Campomar llegó a emplear a 2.000 personas. Casi por las mismas razones, todas estas importantes empresas fueron siendo expulsadas del juego, como el año pasado lo fue Fibratex.

Ahora, la CND tomaría a la fallecida Fibratex, al igual que, en su momento, tomó a Campomar, transformándola en Agolán S.A. Será un experimento más con el dinero de los contribuyentes. Agolán produce 1,6 millones de metros lineales de tejido con 350 funcionarios. Pierde plata. Fibratex producía 1,2 millones de metros con 328 funcionarios y también perdía dinero. Lanas Filtex produce casi 7 millones de metros anuales con 500 funcionarios. Arroja ganancias.

No hay que saber matemática avanzada para concluir que es muy probable que una empresa de 678 empleados produciendo 2,8 millones de metros de tejido al año con “máquinas viejas”, como dijo Moscona, sea un nuevo agujero negro para la CND y para toda la sociedad. Gastar el valioso tiempo de los jerarcas y los escasos recursos de la comunidad para “salvar” 328 puestos de trabajo es una forma perversa de distribuir el ingreso.

El mercado no será perfecto. Quizá hasta sea un tanto cruel, ya que desplaza a los más ineficientes. Si Campomar, La Aurora, Ildu, Alpargatas, Sudamtex y Fibratex no juegan más es porque hay otros que juegan mejor.