Posición del Partido Liberal con respecto al plebiscito sobre la Ley de ANCAP
20 de Noviembre de 2003. Por Secretaría¿Qué me dice de la calor? Que es masculino. ¿Qué hay que hacer con la Ley de ANCAP? Leerla.
Recomendación general
El Partido Liberal hace una sola recomendación a la ciudadanía toda con respecto al inminente plebiscito: que lean la Ley. Esto, tan simple, tan aparentemente obvio, nos distingue enormemente.
Con el desparpajo y la soberbia que se han instalado en nuestra escena política, todos los políticos que participan en la discusión prescinden del texto de la Ley. Todos procuran justamente lo contrario a lo que el Partido Liberal propone; todos ellos pretenden que la gente no lea la Ley. Todos buscan imponer su criterio, que es el que vierten en declaraciones de prensa. Declaraciones que no incluyen referencias al contenido de la Ley. Cabe preguntarse si ellos mismos habrán leído la Ley; lo que dicen puede decirse sin conocer el correspondiente texto.
Los integrantes de los tres partidos tradicionales, que hoy monopolizan la escena política, han perdido todo respeto por el intelecto de los uruguayos. Con su habitual prescindencia de la ciudadanía, en su habitual insulto a la mente uruguaya, han transformado el debate en un anticipo de la campaña electoral. El pretendido debate sobre la Ley no es más que una ristra de lugares comunes, no es más que hablar de sí mismos y del otro, con la Ley de ANCAP como excusa.
Por el contrario, el Partido Liberal apela a la razón de los ciudadanos uruguayos. En línea con la postura racional que inspira al liberalismo, recomienda una sola cosa: que decidamos, cada uno, por nosotros mismos. Los uruguayos somos inteligentes, educados, emprendedores, criteriosos. No permitamos que nos anulen. La Ley tiene 18 artículos. Se lee en veinte minutos, y se estudia en poco más de una hora. Es la número 17.448, y está disponible en el sitio del parlamento, www.parlamento.gub.uy, y en nuestro sitio, partidoliberal.com.uy.
Funcionamiento del recurso de referéndum
El recurso de referéndum se establece en el artículo 79 de nuestra Constitución. Por su parte, la Ley N° 16.017 reglamenta este recurso. De acuerdo a lo que establecen los Artículos 40 y 43 de dicha Ley, las opciones de voto no son dos, sino cuatro. A saber: SÍ, para acompañar el referéndum, en este caso para derogar la Ley; NO, para oponerse, en este caso para mantener la Ley; EN BLANCO, que tiene el mismo efecto, en el recuento, que un voto por NO; y ANULADO, que, en el recuento, ayuda al SÍ, aunque menos que un voto.
Qué dice la Ley de ANCAP
Lo único de desmonopolización que tiene la Ley es el título. En realidad, es una Ley de fortalecimiento de ANCAP.
Una de las razones por las que a los liberales nos interesa que caiga el monopolio, es para disminuir el poder, la incidencia y el despilfarro de ANCAP. Esta Ley puede establecer todo lo contrario. Puede llevar a que tengamos dos, y tal vez tres ANCAPs. Por empezar, ANCAP no se une con el socio, sino que se asocia. Para asociarse sigue existiendo. No puede haber un accionista inexistente (Artículo 3). También participará en la gestión de la nueva sociedad, para lo cual designará Directores (Artículos 4, 5). No dejará de ser propietaria de sus actuales bienes (Artículo 8). Y lo más grave: reservará las plazas de los empleados que se vayan a la nueva sociedad, y mantendrá a los empleados que no se vayan (Artículos 13, 14, 15).
También se prevé una segunda sociedad (Artículo 10), que operará muelles y depósitos de la actual ANCAP. Según indica el Inciso 2 del Artículo 10 , esta sociedad eventualmente se ocupará de la importación de combustibles refinados (cosa que hoy hace ANCAP circunstancialmente, para compensar el problema de exceso de consumo de gasoil con respecto al consumo de naftas).
Así que podríamos tener el monopolio del combustible en manos de tres entes, dos públicos (ANCAP y la segunda sociedad, 100% propiedad de ANCAP) y uno mixto. Tendríamos, en términos prácticos, tres ANCAPs. Sería hasta el 2006; pero en el 2006 habría que enfrentarse a tres en vez de uno, para hacer caer efectivamente el monopolio.
La desmonopolización que establece el Artículo 1 es condicionada, doblemente. Está sujeta a que transcurra un cierto tiempo (llegar al 2006) y, más importante, está sujeta a que la licitación que determinará quién es el socio de ANCAP esté adjudicada. Hoy, la Ley está vigente, y también está vigente el monopolio de ANCAP. Si no aparece ningún socio (cosa probable dadas las ridículas, leoninas condiciones que se le impondrían), el monopolio sigue.
Con las condiciones establecidas (ANCAP marca las decisiones estratégicas, y todo puede ser estratégico, según el Artículo 5), parecería que los socios a que podemos aspirar son empresas estatales, con características similares a las de ANCAP, incluyendo móviles políticos y no empresariales: Petrobras (Brasil), PDVSA (Venezuela). Un elemento más que atenta contra una verdadera profesionalización de la empresa en cuestión.
Además de los mencionados, este fortalecimiento de ANCAP incluye otro apoyo explícito y significativo a los empleados actuales de ANCAP. El Artículo 18 de esta Ley determina que los derechos de los empleados de ANCAP se incrementen. El Artículo 33 de la Ley N° 16.736 (1996) estableció que no pueden transferirse funcionarios de empresas públicas e intendencias a la Administración Central, y viceversa. Este Artículo 18 exime a los empleados de ANCAP de tal restricción. Seguramente para que sea posible, luego, transferirlos al ministerio de Industria, o a la DGI, como hicieron con los empleados bancarios que no querían dejar sin trabajo. Para seguir fabricando empleos artificialmente, que pagan con los abusivos impuestos que cobran a los uruguayos.
Recomendación a los liberales
El absurdo y la inversión de roles son moneda corriente en la discusión pública de la Ley. Los partidos históricos se afanan en mostrar que la Ley NO es liberal. Incluso lo dicen expresamente, estableciendo distancia con “economistas neoliberales” (sic). Y la izquierda ataca un proyecto que redactó y que va en su dirección: más ANCAP, más cargos políticos, más protección a los funcionarios.
La reducción del precio del combustible al público, que debería ser el eje de estas conversaciones, sólo se menciona al pasar, muy pocas veces, y como una expresión de deseo. De más está decir que el texto de la Ley no hace ninguna referencia a este aspecto, ni a su elemento esencial: la enorme, absurda carga de impuestos contenida en los precios de los combustibles.
Si bien enfatizamos en que la discusión debe ser sobre la Ley y sus consecuencias, los liberales no podemos abstraernos de la dimensión política de este referéndum. Es importante que marquemos distancia de las dos posturas en pugna. Aquel liberal que piense, luego de leerla concienzudamente, que la Ley puede tener algún viso de conveniencia (aunque sólo sea por su nombre) votará en blanco; los otros votaremos anulado.
Directorio del Partido Liberal
