Partido Liberal

Cuando en 1938 Julio Martínez Lamas escribió ¿A dónde vamos?, denunciando las consecuencias que el estatismo y el proteccionismo tendrían sobre nuestro país, seguramente no imaginó que en 2006 los uruguayos todavía no tendríamos claro que país queremos. Pero a veces parece que el panorama es aún más sombrío, y que en realidad no queremos ir a ningún lado y nos conformamos con “lo que hay”. Si ni blancos ni colorados han logrado darle un rumbo cierto al país, y parece que tampoco podrán los frentistas, hay un tema que va más allá de quien gobierne que impide que salgamos adelante.

La reciente marcha atrás del Presidente respecto al TLC con Estados Unidos es una perfecta síntesis del punto que queremos señalar. Cuando parece que vamos a hacer algo de lo que hacen los países a los que les va bien, finalmente por presiones políticas, sindicales o extranjeras nos quedamos en la vía (valga una metáfora ferroviaria más). La oposición de los sectores más retrógrados de nuestra sociedad (con el PIT-CNT a la cabeza) logra mantener el tristísimo status quo que mantiene sus privilegios y cercena las posibilidades de los uruguayos más desprotegidos. Peor aún es que cedamos a las presiones de Argentina y Brasil que nadie duda están protegiendo sus intereses y no los nuestros. ¿Qué imperialismo ha sido más dañino para el Uruguay en los últimos años, el norteamericano o el argentino-brasileño? ¿Cuál ha comprometido más nuestra soberanía? ¿Quiénes nos han tratado peor? ¿Quiénes detienen ilegítimamente nuestras exportaciones? La miopía de los “antiimperialistas” vernáculos es patética.

Si bien Astori todavía parece soñar con el TLC, el camino elegido por el gobierno muy difícilmente puede arribar a ese destino. Pablo Montaldo en su columna de Últimas Noticias nos informa que sólo cuatro de los 57 países que firmaron acuerdos marco de comercio e inversiones (el ya famoso TIFA) luego firmaron un TLC. Pero más allá del caso concreto, nos preocupa la razón por la que siempre los cambios en serio terminan fracasando. En algunos casos los presidentes para evitar problemas prefieren no tocar nada y dedicarse a “hacer la plancha” durante sus cinco años de gobierno. Esta fue la actitud que, en general, adoptaron los presidentes Sanguinetti y Batlle, y parece ser la de Vázquez. Lacalle en cambio se chocó contra las urnas en el plebiscito de 1992. Si bien el proyecto de privatización de las empresas públicas propuesto era cuestionable, es innegable que fue un intento por cambiar. Pero en cualquier caso hace décadas que en el país no cambia nada importante.

Si bien es cierto que la mayoría de nuestros compatriotas de izquierda y de derecha son conservadores, el rol central en este tema lo tienen los grupos de presión. En primer lugar, por el éxito que han tenido en convencer a buena parte de la ciudadanía de votar en cada plebiscito o referéndum para convalidar sus prerrogativas. En segundo lugar, por prevalecer aún en contra de la mayoría, como en el caso del TLC con Estados Unidos, ya que según las encuestas la mayoría de la población estaba a favor. Por lo tanto, todo proceso de cambio real requiere cumplir con al menos dos condiciones básicas. Una institucional: los grupos de presión deberían tener menos peso en la toma de decisiones colectivas. La otra cultural: la mayoría de la población debería defender activamente sus derechos individuales, exigir bajos impuestos, responsabilidad de los políticos y burócratas por sus irresponsabilidades, y la libertad económica sin la que será imposible el crecimiento económico sostenido y la baja de la pobreza.

Está claro que son desafíos formidables y que hoy parecen políticamente inviables. Y sin embargo es lo único que nos queda. Si no somos capaces de cambiar el estatismo paralizante por la confianza en la libertad estaremos más temprano que tarde ante una nueva crisis. Edmund Burke dijo que “el pueblo no renuncia nunca a sus libertades sino bajo el engaño de una ilusión”. Del incierto éxito de dejar esa ilusión al descubierto dependerá crucialmente el futuro del país.

HERNÁN BONILLA

Resulta curioso que a pesar de que la inmensa mayoría de los uruguayos pensamos que la democracia liberal es la mejor forma de gobierno, dos por tres apoyamos medidas que van en contra de ese sistema. La creación del Consejo Nacional de Economía (CNE) es un buen ejemplo, por lo que, poco antes de que se lo convoque, queremos exponer algunas de las consecuencias de la extraña convivencia en nuestra sociedad de instituciones de gobierno corporativas y democráticas.

El siglo XX conoció además de la democracia liberal, el fascismo y el comunismo. Afortunadamente entramos al siglo XXI con la mayor cantidad de países en la historia regidos por gobiernos democráticos (según Naciones Unidas), y sólo a modo de reliquias subsisten las excepciones. Sin embargo, en muchas democracias, y en la nuestra en particular, no sólo sobreviven nostálgicos del fascismo y del comunismo, también perviven algunas instituciones fascistoides, lo que viene a ser peor.

Analicemos de donde surge el CNE. La crisis del 29 golpeó duramente a casi todos los países del mundo y sobre el descontento popular montaron su maquinaria los totalitarios. En esos momentos, principalmente en Europa, las democracias liberales estaban en retroceso y el fascismo y el nazismo lograban escalofriantes avances. En nuestro país, el 31 de marzo de 1933, el presidente constitucional Gabriel Terra dio el primer golpe de estado del siglo XX. Algunos de los integrantes de la dictadura miraban con simpatía al fascismo italiano, incluso algunos al nazismo alemán, y lograron meter la cuchara en el nuevo diseño institucional que se plasmó en la Constitución de 1934. Una de las novedades fue la creación del CNE, que introducía por primera vez en nuestra historia la idea de que las corporaciones debían tener influencia en el gobierno.

El CNE supone que el gobierno debe decidir que corporaciones son representativas de la sociedad, en general grupos de presión vinculados a los trabajadores o a los empresarios. Esto implica la pérdida del principio fundamental de la democracia, que es la representatividad de los gobernantes. En la medida en que el CNE no se conforma con el voto de los ciudadanos si no por los grupos de presión más eficaces es una institución fascista contraria a la democracia.

Según el decreto del Poder Ejecutivo el CNE tendrá 40 miembros, 14 serán representantes de los trabajadores, 14 de los empresarios, 3 de las cooperativas, 3 de los profesionales universitarios, 3 de las ONG y 3 de los usuarios y consumidores. Si bien cualquier integración sería inaceptable por las razones antes esgrimidas, hay cosas que llaman la atención. ¿Por qué no hay ningún representante de los contribuyentes, por ejemplo? ¿Por qué no se invitó a la Asociación de Contribuyentes? ¿A cuáles de las cientos de ONG se van a invitar a participar? ¿Se supone que las 3 que vayan son representantes de todas o de ellas mismas? ¿Cómo se van a coordinar?

Los grupos de presión hace mucho tiempo que tienen un peso desmedido en la toma de decisiones colectivas en nuestro país, y el actual gobierno los ha reforzado. Cuando la libre interacción de las personas en el mercado es sustituida por las decisiones de grupos de intereses no sólo se pierde eficiencia económica debido a la perdida de la información que cada individuo hubiera aportado, también inevitablemente se optará por medidas reñidas con el interés de la sociedad en su conjunto. El avance de las corporaciones implica necesariamente el retroceso del poder de los ciudadanos, y eso no puede ser una buena noticia.

Cuando un político propone un proyecto o una idea siempre lo hace en nombre del interés general y en la búsqueda de la justicia social. No importa si lo plantea con el mayor convencimiento personal o si está cubriendo una mentira evidente, basta decir que es en nombre de la justicia social para que no sea necesario brindar ninguna otra explicación adicional. Sin embargo, esto empobrece el debate democrático, y abre las puertas a males inimaginables.

El concepto mismo de justicia social es por demás discutible. Es evidente que si estamos analizando cuestiones relativas a los seres humanos vamos a referirnos a temas sociales. En este sentido, hablar de justicia social sería redundante, ya que bastaría con hablar de justicia. Por lo tanto debe haber alguna otra causa por la que se emplea esa expresión, y es que la justicia social es un tipo muy particular de justicia.

En pocas palabras, justicia social es sacarle a los que tienen más y darle a los que tienen menos. No importa cual ha sido la actuación de las personas, se entiende que un pobre, sea un trabajador que ha tenido mala suerte o un vago consuetudinario, merece parte de la riqueza que otros generaron, y que un rico, sea un proxeneta o un empresario serio, debe ser expoliado. Es evidente que la justicia social puede ser profundamente injusta y, de hecho, en nuestro país eso ha ocurrido y ocurre.

En nombre de la justicia social los uruguayos que no pueden ir a la Universidad le pagan los estudios universitarios a los uruguayos que si pueden. En nombre de la justicia social los uruguayos desempleados le pagan el sueldo a funcionarios públicos innecesarios. En nombre de la justicia social los uruguayos sin saneamiento votan para defender los puestos de trabajo de los empleados de OSE, que sí cuentan con saneamiento.

Pero más grave aún, la burda caricatura de justicia que encierra el concepto de justicia social, aniquila la posibilidad de que la economía crezca, única forma de superar la pobreza. Ludwig von Mises llamó falacia de Montaigne a esa idea de que para que unos tengan más hay que sacárselo a otros. Esto sólo es cierto en un caso estático, por ejemplo, en el de dos náufragos que flotan en el medio del océano, dónde lo que consuma uno no lo consumirá el otro. Pero no es cierto en una sociedad como la nuestra. Aquí si a un empresario se le quita la posibilidad de producir también se le quita el empleo a cierto número de trabajadores. La sociedad se priva del producto que hubieran generado empresarios y trabajadores y, por lo tanto, será más pobre. Esto sucederá con instrumentos medievales como el Consejo de Salarios, ya que al empresario le pueden imponer que salarios debe pagar, ya que llamar negociación a esa farsa sería sumarse al engaño, pero no lo pueden obligar a desarrollar su actividad.

Lo mejor para una sociedad es tener un Estado de Derecho que asegure reglas fijas, conocidas y estables, y de esa forma , como le vaya a cada persona dependerá de sí misma, y también del azar, pero no de otras personas ni del Estado. De ese modo, las personas darán lo mejor de sí y serán responsables por sus aciertos y sus errores. Lo anterior no quita de ninguna manera que pueda existir una red de contención social para los que realmente lo necesitan. De hecho, uno de los horrores del Uruguay de los noventa fue ver al Estado produciendo grapa y teniendo déficit en varias empresas públicas, y al mismo tiempo, dejando sin atención a niños desnutridos. Tenemos un Estado que hace miles de cosas que no debería y que no hace bien las pocas que sí debería.

En definitiva, la única forma de alcanzar una sociedad verdaderamente justa es asegurar a los ciudadanos igualdad ante la ley, lo que, por cierto, producirá desigualdad de resultados, ya que esa es la única manera de que operen los incentivos que hacen que una sociedad progrese. Asegurar igualdad de resultados, utopía para los defensores de la justicia social, sólo es posible en un país bajo un gobierno autoritario, y eso la enorme mayoría de los uruguayos notoriamente lo rechazamos de plano.

A menos de un mes de que todos los uruguayos elijamos a nuestros intendentes y ediles, la campaña montevideana se muestra sumamente anodina, casi letárgica, producto de las particulares características que presenta. El lado positivo es que nos da la oportunidad de hacer realmente útil nuestro voto, al utilizarlo para expresar nuestras preferencias y no para que gane o pierda algún candidato.

La elección en Montevideo ya está decidida. Voto más voto menos, Ricardo Ehrlich será el próximo intendente de Montevideo, por más mentalidad de jugador de fútbol que esgriman sus adversarios. La duda es si superará la votación nacional del Frente, como hizo Arana en 1999 o si estará entre el 50 o 60%. Blancos y colorados, para variar, salen a pelearse votos entre sí, para ver quien es el segundo, sin demostrar la menor preocupación por el primero. Más allá de las actitudes particulares, hay una conclusión importante. El tosco argumento del voto útil, que pese a que la estadística demuestra no tiene sentido siempre es utilizado, en esta elección no corre. Al ya existir un seguro ganador los montevideanos tienen la oportunidad de votar realmente a quien mejor represente sus opiniones, sin considerar como este afecta el resultado.

La oportunidad es propicia, por lo tanto, para considerar la opción de votar al Partido Liberal. Lo primero que debemos decir es que nuestro candidato, Jorge Borlandelli, reúne todas las condiciones necesarias; solvencia técnica, honestidad intelectual y administrativa, preocupación por los problemas comunes de los montevideanos y un inclaudicable compromiso con la libertad. Digo la libertad y no las libertades, porque la libertad es una sola, y hablar de libertad política, individual, física, social, económica, o cualquier otra, sólo sirve para justificar a los políticos que la seccionan para justificar sus incoherencias.

Pienso que las propuestas que los liberales presentamos a la ciudadanía pueden resultar de interés para algunos montevideanos. Nuestra principal idea-fuerza es poner al ciudadano en primer lugar y no al burócrata municipal, como ha sido la lógica de los últimos gobiernos municipales. Los liberales pensamos que debe restaurarse el viejo principio, según el cual los montevideanos elegimos un Intendente que nos representa y los burócratas municipales responden a éste. Tan simple como eso.

Las consecuencias del actual funcionamiento de la Intendencia pueden leerse en el presupuesto. Los impuestos se han multiplicado y, con esos ingresos, la Intendencia ha pagado salarios muy superiores a los que pueden soportar los contribuyentes montevideanos. Además, lo que se destina a inversiones es ridículo en comparación a lo que se gasta en funcionamiento. Pensamos que el gasto debe bajar, para que los impuestos bajen y los montevideanos vivamos mejor. Por eso las propuestas del Partido Liberal para estas elecciones llevan por título “Montevideo para los montevideanos”, es hora de que el Estado sirva a la sociedad y no a la inversa, como ahora ocurre.

Muchas son las iniciativas que presentamos, entre ellas: la eliminación de TV Ciudad, propaganda frentista que pagamos todos; la reducción de los cargos de confianza; la congelación de los salarios municipales y del ingreso de nuevos funcionarios; la reducción de los impuestos a la cuarta parte del nivel actual; la devolución del Teatro Solís al sector privado para evitar que los montevideanos paguen el déficit que genera; la efectiva descentralización municipal; la focalización del gasto en inversiones que mejoren la infraestructura de la ciudad; el llamado a licitación para el otorgamiento de las líneas del transporte colectivo y la instalación de dispensadores de boletos electrónicos, de forma de bajar costos y evitar los robos y las muertes de trabajadores.

No vamos a decir que estamos en carrera para ganar la Intendencia, pero sí decimos que cuanto mayor sea la votación del Partido Liberal, mayor será su fuerza para plantear las propuestas que hemos esbozado. Tenemos, además, un fuerte diferencial con los restantes partidos; queremos limitar el poder de los políticos y ampliar el de los ciudadanos. El voto sólo puede ser útil a cada ciudadano si siente que lo representa. Si comparte nuestras propuestas, considere al Partido Liberal.

El gobierno del Dr. Vázquez ya muestra luces y sombras. Compartimos la decisión de poner un definitivo punto final al tema de los desaparecidos, que implica indudablemente atender los justos reclamos de los familiares. También nos parece acertada la medida del nuevo directorio de ANCAP de reducir a cero el gasto en publicidad, lo debería ser la norma en las empresas estatales monopólicas, y la decisión del ministro Astori de congelar el gasto público, que veremos si puede mantener. Otras, como el traslado de los hermanos Peirano, son parte de las medidas populares que no aportan ni quitan nada. Sin embargo hay otras resoluciones que nos preocupan profundamente, y cuyas consecuencias queremos señalar en el presente artículo.

Tres son las medidas que vamos a comentar: la instalación de los consejos de salarios, la baja de precios por presión política y la regulación de los precios de los bienes de la canasta básica. Todas tienen una consecuencia común: socavan las posibilidades de crecimiento económico y por ende, perjudican a la sociedad en su conjunto.

Los consejos de salarios suponen que la remuneración de los trabajadores va a ser fijada de “común acuerdo” entre “representantes” de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. En primer lugar la forma en que se agrupan las empresas para la negociación es por demás arbitraria. En segundo lugar los representantes son designados por el gobierno, con lo que es cuestionable el mismo hecho de llamarlos representantes. Lo que sucederá es que el gobierno y los trabajadores fijarán salarios por encima de los que establece el mercado (¿si no para qué están?) lo que implicará que los empresarios podrán contratar menos trabajadores. La consecuencia es que aumentará el desempleo, producto de un salario artificialmente elevado, lo que perjudicará especialmente a los que actualmente están desempleados, los jóvenes y las personas con bajos niveles educativos. Además, al trabajar menos gente que la que está dispuesta a hacerlo, el producto será menor, con lo que toda la sociedad será más pobre.

La presión de los políticos sobre el sector privado, como la que ejerció el ministro Mujica para que bajara el precio del asado, debería ser considerada una extorsión inaceptable. No es función del gobierno decidir los precios de los bienes, eso lo deciden las personas en el mercado. Ahora baja el asado porque Mujica amenazó a los frigoríficos con bajar el precio por decreto, pero ¿qué pasaría si cada ministro amenazara a la industria de su producto favorito para bajar el precio? Las consecuencias de la intromisión política son evidentes; se produce una reasignación de los recursos no deseada por la sociedad, lo que, a menos que pensemos que los políticos son iluminados que saben lo que es mejor para la sociedad incluso mejor que la sociedad misma, debemos rechazar .

La regulación de los precios de los bienes de la canasta básica, de concretarse, demostraría ante todo un gran desconocimiento del sistema de precios. El precio de un bien es el resultado de la interacción de oferentes y demandantes que hace que la cantidad transada sea la deseada. Cuando el gobierno fija un precio, este ya no representa nada, es un mero número tan arbitrario como cualquier otro. Si el precio fijado es menor al de mercado lo que ocurrirá es que habrá escasez, ya que los consumidores demandarán más de lo que los empresarios ofrecerán. El resultado será, o largas colas, o algún otro sistema de racionamiento decidido por el gobierno. Más allá de eso, la sociedad en su conjunto, pierde.

No dudamos de la buena intención del gobierno, pero estamos convencidos de que está equivocado. De aplicarse cualquiera de las propuestas reseñadas nos harán más pobres con lo que el resultado será el opuesto al buscado, ya que la justicia debe buscarse sin destrozar el sistema de precios. Aquel que quiera ignorar la teoría económica puede recurrir a la historia. Nuestra economía ya sufrió los horrores de la planificación en las décadas de los cuarenta y los cincuenta, con el resultado de uno de los estancamientos más prolongados del siglo XX, y con el corolario de crisis política y social. Si lo que vivimos es un retorno al camino de la planificación, o al subdesarrollo que viene a ser lo mismo, sólo nos resta decir que no habrá excusas. Vamos camino a la servidumbre con los ojos bien abiertos.

América Latina a comienzos del siglo XXI ha retornado a las viejas políticas del nacionalismo económico que la habían llevado al estancamiento y a la crisis social. Si esto ha sucedido, más allá de denunciar las consecuencias nefastas que estas políticas van a tener, los liberales nos debemos la autocrítica acerca de qué fue lo que fracasó en los noventa, esta es la tarea que acometo en el presente artículo, en la cresta de la ola progresista. Las políticas proteccionistas aplicadas por la mayoría de los países latinoamericanos a partir de la década del cincuenta, en nuestro país por lo menos desde una década antes, nos condujeron a un estancamiento económico del que no era posible salir más que poniendo marcha atrás. Si bien hubo voces tempranas y solitarias que advirtieron lo que iba a pasar, entre las que los uruguayos debemos rescatar la injustamente olvidada de Julio Martínez Lamas, casi todos los políticos e intelectuales acompañaron la turba estatista. El Uruguay era desde todo punto de vista uno de los peores países para la aplicación de estas ideas. El estrecho mercado interno que hizo que el crecimiento “hacia adentro” no durara más que una década, las excepcionales condiciones naturales para ser el nexo entre la región y el mundo y la prosperidad que caracterizó la era liberal del siglo XIX no impidieron la barbarie.

Cuando se comprobó el desastre, los políticos, que después de todo dependen de los votos, intentaron un cambio. Los principales inspiradores intelectuales de las doctrinas cepalinas como Raúl Prebisch y de la teoría de la dependencia como Fernando Henrique Cardoso abjuraron de sus ideas y reconocieron que sin libertad no hay desarrollo. Sin embargo las dictaduras militares provocadas por la crisis social, las guerrillas y el contexto internacional frustraron el cambio democrático. Los gobiernos autoritarios continuaron en líneas generales las principales características de la época anterior. La inversión pública se metió en todos las actividades, las estatizaciones fueron más que las privatizaciones, con Perú como caso paradigmático, y las dádivas del Estado y la corrupción se multiplicaron. Chile fue una rara excepción y sólo eso. De una dictadura no puede esperarse mayor libertad económica, la prueba está en que esto sólo ocurrió en una de las más de diez que sufrió América Latina en los setenta y los ochenta. Luego del terror volvió la democracia. Candidatos que se decían liberales llegaron al gobierno. En muchos países se privatizaron empresas, se bajaron aranceles, se reformó el sistema impositivo, se liberó el mercado de capitales y en fin, se siguieron las recomendaciones del Consenso de Washington. La cosa pareció que había cambiado. ¿Pero había cambiado? Según Williamson, el autor del Consenso, sus propuestas distaban mucho de ser liberales y eran simplemente medidas con las que casi cualquier economista estaría de acuerdo. Sin embargo nunca acertó en señalar la verdadera causa del problema. Como han señalado Alvaro Vargas Llosa en su reciente Rumbo a la libertad y nuestro compatriota Carlos Maggi en muchas instancias, lo que se atacó fueron los síntomas y no las causas. El problema principal, que era el cultural, brillantemente ilustrado en El país de los vivos de Martín Rama, quedó incambiado. El Estado siguió siendo el gran distribuidor de privilegios de la era anterior y no se estableció un sólido Estado de Derecho, cuyo mayor demostración es la gran cantidad de leyes con nombre y apellido y el estrangulamiento económico a que los políticos condenaron al Poder Judicial.

El gran cambio debe ser el de la relación de los ciudadanos con el Estado. Las privatizaciones en las actuales condiciones llevan a la corrupción, el gasto público no puede bajar porque los burócratas tienen más poder que los contribuyentes y, por lo tanto, las consecuencias recaen, al decir de Tomás Linn, en Los nabos de siempre. El neoliberalismo falló en lo central, o sea en establecer las instituciones necesarias para el desarrollo. Las personas se dedican a lo que les da más rédito, si es trabajar, trabajan, si es hacer lobby, hacen lobby. Sólo con cambios institucionales simultáneos y de shock podremos comenzar a cambiar la cultura rentista de los grupos de presión. Cuando el péndulo de la historia vuelva a estar del lado liberal, debemos recordar las lecciones que dejó la década de los noventa y centrarnos en el verdadero problema.

Estos son tiempos de construcción intelectual. A ello estaremos dedicados.