Un ministro poco conveniente
No se si a la fecha habrá tenido lugar la anunciada interpelación al ministro Díaz, pero en caso de que se haga, no cabe duda de que será una vez más una fuente segura de bostezos y una intrascendente pérdida de tiempo.
No se trata aquí de que el ministro y su organización hayan sido más o menos eficaces o más o menos omisos en el cumplimiento de la tarea que la ley les confía. Eso sería lo que habría que juzgar en un país coherente, en el que los ministros fueran escogidos por su preparación, conocimientos técnicos y afinidad con la naturaleza de la cartera.
Nada de eso se da en muchos de nuestros ministerios, con el Dr. Díaz a la cabeza de las incongruencias.
Hay una razón muy poderosa para que el Dr. Díaz sea la persona menos indicada para el cargo.
Para la visión de mundo de la que el ministro participa con entusiasmo y convicción —una visión infantil, resentida, obstinadamente fracasada y probadamente equivocada, cuya teoría es insostenible y su práctica incompatible con la libertad y el progreso— la clasificación maniquea entre buenos y malos no guarda correlación con la que indica la ley vigente que debería ser su norte permanente y único, sino con otros criterios.
Según esos criterios, un ciudadano relativamente rico, o peor, empresario explotador, es mucho más criminal ante sus ojos que un rapiñero del que éste debería ser protegido.
No me cabe duda de que el ministro —si de él dependiera— inclinaría la balanza a favor de un asesino contumaz —siempre que pertenezca a la “clase explotada”— y en contra de un buen ciudadano que a la vez fuera un “despreciable burgués” que pretende gozar descaradamente de las comodidades que le debería garantizar el sistema del cual las fuerzas de seguridad son un engranaje fundamental y que él sostiene con sus impuestos.
Recordemos como ilustración de esa forma de pensamiento, la perlita conceptual que nos regaló la jefa de policía de Maldonado este verano cuando afirmó que la culpa de la falta de seguridad en nuestro principal balneario era de las víctimas, por distraerse.
Para quienes piensan como el ministro, el derecho de propiedad es de segundo orden y la libertad un lujo superfluo.
Por lo tanto es evidente para todos que tener al Dr. Díaz como ministro del Interior es poner al zorro a cuidar el gallinero. En consecuencia, el lamentable estado de la seguridad pública y su deterioro presente y futuro no son responsabilidad del ministro, de quien difícilmente pueda esperarse algo mejor, sino de quien, por cumplir compromisos de cuota política, lo colocó en el cargo.
